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Redadas de migrantes centroamericanos preocupa a demócratas del Congreso.

Acción Ejecutiva: activistas temen aumento de redadas tras fallo de la Corte Suprema

Acción Ejecutiva: activistas temen aumento de redadas tras fallo de la Corte Suprema

La comunidad inmigrante tiembla ante la posibilidad de un aumento de redadas del servicio de inmigración tras dictamen que mantuvo congelados DAPA y DACA Ampliado.

Redadas de migrantes centroamericanos preocupa a demócratas del Congreso.
Redadas de migrantes centroamericanos preocupa a demócratas del Congreso.

Un grupo de organizaciones pro-inmigrantes advirtió que el fallo de la Corte Suprema emitido el jueves, que mantuvo el bloqueo de los programas DAPA y DACA Ampliado de la Acción Ejecutiva migratoria, endurecerá la política de deportaciones de Obama y aumentará las redadas de indocumentados.

“Estamos muy consientes que en este momento la vulnerabilidad de nuestra comunidad es real”, dijo Cristina Jiménez, cofundadora del movimiento United We Dream (UWD) durante una conferencia telefónica junto a otros activistas. “Estamos formando cadenas de protección nacional en California, Texas, Arizona, Nuevo México y otros estados, para entregar herramientas de protección a la comunidad”.

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El jueves el Tribunal Supremo falló 4-4 en la revisión de la Acción Ejecutiva migratoria que el presidente Barack Obama anunció el 20 de noviembre de 2014. La decisión mantiene vigente el dictamen de la Corte de Apelaciones del 5to Circuito de Nueva Orleans que, en noviembre, ratificó el dictamen de una corte de Texas emitido en febrero.

La orden de la corte de Texas frenó temporalmente los programas DAPA y DACA Ampliado mientras revisa la demanda completa de 26 estados.

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Los afectados

Ambos programas protegían de la deportación a unos 4.2 millones de padres indocumentados de ciudadanos y residentes legales permanentes, y a unos 800,000 dreamers.

“Es un momento difícil para nuestra comunidad”, dijo Jiménez. “Nos estamos apoyando unos a otros y nos estamos levantando para seguir luchando”.

El jueves, poco después del fallo, Obama dijo que la decisión del tribunal era “frustrante" y "desgarradora para millones de inmigrantes", e insistió en que los inmigrantes que calificaban para DAPA y DACA Ampliado no eran una “prioridad de deportación” para su gobierno.

Sin embargo, la postura no calma la ansiedad de los activistas. “Dos pasos inmediatos estamos tomando”, dijo Jiménez. “Educar a nuestra comunidad para que conozca sus derechos, y le estamos dando herramientas para que se protejan de las deportaciones. Tenemos el numero 1(844) 363 1423 al que pueden llamar gratis para denunciar las actividades de la migra y también contamos con nuestra página de internet (www.unitedwedream.org). Estamos empujando al presidente para que pare las redadas y las deportaciones” de indocumentados.

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“Momento difícil”

“Es un momento muy difícil para nuestra comunidad y nuestras familias”, dijo María Elena Hincapié, directora ejecutiva del National Law Immigration Center (NLIC). “La falta de decisión de los magistrados de la Corte Suprema dejó bloqueados los programas DAPA y DACA Ampliado”.

Hincapié dijo que tras el dictamen, las organizaciones temen “que el estado de Texas (que lidera la demanda de los 26 estados) le pida al juez (Andrew S.) Hanen que tome el bloqueo preliminar y lo haga permanente”.

El 16 de febrero del año pasado Hanen, quien preside la Corte de Distrito de Brownsville, Texas, dictó una medida cautelar que frenó temporalmente DAPA y DACA Ampliado mientras revisa la demanda contra de la Acción Ejecutiva.

El gobierno de Obama pidió en dos ocasiones revertir la orden. Al no tener respuesta, entonces apeló el dictamen pero perdió el recurso en la Corte Federal de Apelaciones del 5to Distrito en Nueva Orleans.

“Nosotros, desde un principio, creemos que el presidente tiene autoridad legal para tomar estas medidas. Pero este fallo dejó bloqueados por meses los programas, quizás hasta el próximo año. Pero aclaramos que el DACA original (activado en 2012) sigue en pie y debemos asegurarnos que seguirá firme”, dijo Hincapié.

La activista reconoció que el fallo ”causó mucha tristeza e ira” en la comunidad inmigrante, y que las frustraciones se están canalizando a través de la voluntad de salir a votar en noviembre, “para asegurarnos que elegiremos a un presidente o una presidenta que esté a favor y proteja a nuestra comunidad”.

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La lucha no termina

Kica Matos, directora de derechos migratorios del Center for Community Change (CCC), dijo que “con una frase breve (de 9 palabras) el Tribunal Supremo ayer destruyó las esperanzas y los sueños de 5 millones de inmigrantes”.

“No sé cómo describir la tristeza, la desesperación y el temor que muchas familias expresaron en las afueras de la Corte”, agregó. “En 5 millones de hogares hay tristeza. La falta de valor y liderazgo del juez (John) Roberts (presidente de la Corte Suprema de Justicia) es algo que nuestra comunidad nunca olvidará. Ayer lloramos y hoy luchamos, nuestra comunidad no se rinde”.

La activista dijo además que los inmigrantes “nunca olvidaremos lo lejos que estos políticos llegaron (los demandantes de la Acción Ejecutiva) para separar a nuestras familias y humillar a nuestra comunidad. Regresaremos a la lucha nuevamente más fuertes que nunca para elegir líderes a nivel nacional, estatal y local este noviembre”.

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En Estados Unidos hay unos 22.5 millones de votantes latinos. En septiembre del año pasado la Casa Blanca dijo que otros 6 millones de residentes permanentes reunían requisitos para convertirse en ciudadanos y participar en los comicios de noviembre, cuando los estadounidenses acudan a las urnas para elegir al sucesor de Obama y un nuevo Congreso.

“La Corte Suprema no es la única culpable aquí”, comentó
Rocio Saenz, vicepresidenta ejecutiva del Sindicato Internacional de Empleados y Servicios (SEIU). “No hemos olvidado quién ha bloqueado el camino y el progreso para los inmigrantes. Esta decisión es injusta, pero vamos a silenciar con nuestro voto a los lideres republicanos extremistas que ahorita están celebrando este memento. El odio no lo vamos a olvidar”.

Reacción republicana

El presidente del Congreso, Paul Ryan (republicano por Wisconsin), dijo tras el fallo que la decisión de la Corte Suprema “reivindica el Artículo 1 de la Constitución y que el fallo “hace que la Acción Ejecutiva del presidente sobre la inmigración es nula y sin valor”.

“La Constitución es clara: no está permitido que el presidente escriba las leyes, sólo el Congreso”, apuntó.

Simultáneamente, un grupo de siete representantes republicanos cuyos cargos dependen del voto latino en los comicios de noviembre, hablaron por primera vez desde la aprobación del plan de reforma migratoria por parte del Senado en 2013 que intentó legalizar a los 11.3 millones de indocumentados.

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"El Tribunal Supremo ha hablado, pero la decisión de hoy (sobre la Acción Ejecutiva) no resolverá el problema”, dijeron los congresistas Mario Díaz-Balart (Florida), Ileana Ros-Lehtinen (Florida), Carlos Curbelo (Florida), Fred Upton (Michigan), Mike Coffman (Colorado), Dan Newhouse (Washington), David Valadao (California), Jeff Denham (California) y Bob Dold (Illinois) en un comunicado.

Y agregaron: “El pueblo estadounidense espera que el Congreso trabaje en conjunto para asegurar nuestras fronteras, se adhieran a la regla de la ley, ofrezcan una solución humana a los que viven en las sombras, modernicen nuestro sistema de visas e impulsen la economía”.

“Estamos comprometidos a arreglar nuestro sistema roto de inmigración de una vez por todas", apuntaron pero no dijeron cuándo ni cómo lo harían, y si tenían hecho algún tipo de pacto con los demócratas para conseguir los votos necesarios, esto es 218 en la Cámara de Representantes y 60 en el Senado.

La propuesta del grupo se basa en una reforma migratoria con un fuerte componente de seguridad nacional, una idea similar a la aprobada por el senado y que contó con respaldo bipartidista.

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