Según cifras oficiales, más del 45% de todas las viviendas en California están ocupadas por inquilinos y esto corresponde a que muchas personas no pueden pagar por un hogar propio. "El precio de una casa normal sería de $950,000 o $1 millón y se necesitaría tener bastantes ahorros, el 20%, además de un ingreso que permita pagar una hipoteca", explica el consejero Dairo Romero. Más información en Univision Noticias.

La llegada de 36 migrantes en los días recientes a Sacramento abrió de nuevo el debate sobre la respuesta que las autoridades han dado a la crisis migratoria y de vivienda en California; un vocero de una de las organizaciones que ofrecen ayuda da detalles de las alternativas que las personas tienen en la capital del estado dorado.

Tras una inspección, autoridades pidieron a los habitantes de dos edificios ubicados en el 5600 de la calle Hayes, en Merrillville, Indiana, que desalojaran de manera urgente debido a las malas condiciones en las que se encuentran las estructuras. Al ingresar a los apartamento se puede sentir el olor a humedad y muchas paredes se caen a pedazos, dejando en evidencia el riesgo de un colapso.

Varios policías viven lejos de San Mateo debido al alto costo de la vivienda, una situación que les genera un peligro debido a que deben conducir por horas tras cumplir turnos de 11 a 17 horas diarias durante cuatro días a la semana. “Ganamos bien, pero no lo suficiente para comprar una casa aquí, pues vale $1,4 millones”, dijo el oficial Hernaldo Vanegas. Al respecto, el Departamento de Policía adecuó un cuartel para que los agentes descansen durante su jornada laboral por $5.

Actualmente, el propietario de un departamento de dos recámaras podría cobrar hasta $6,000 como depósito a una persona que buscara alquilarlo en Sacramento. Sin embargo, una propuesta de ley en California busca regular los montos que los dueños de las viviendas exigen como depósito antes de rentar un inmueble. Te explicamos lo que necesitas saber sobre esta propuesta de ley.

El gobernador Ron DeSantis firmó la ley HB 133 que le permite a los propietarios de viviendas la posibilidad de cobrarles a los inquilinos un depósito de seguridad o una tarifa extra mensual. La medida entrará en vigor el próximo 1 de julio, pero quienes se oponen afirman que ese dinero no es reembolsable y los arrendatarios deben pagar los daños al final del contrato.