Horas de angustia vivieron decenas de padres al enterarse que la guardería donde dejan a sus hijos en Granada Hills había sido escenario de un tiroteo. Según reportes, un sospechoso armado con una escopeta hirió a dos mujeres en el lugar, en un hecho que podría estar relacionado con violencia doméstica. Ningún menor resultó lesionado, confirmaron autoridades.

Organizaciones sociales y líderes políticos, como la gobernadora Katie Hobbs, mostraron su preocupación por el reciente incremento de redadas de ICE en Arizona, además de cambios en los procedimientos y las políticas de detención de la comunidad inmigrante. “Toda persona que está en Estados Unidos merece un proceso justo”, dijo Emilia Buñuelos, abogada de inmigración. Los contenidos expresados en esta pieza no son consejo legal. Por favor, consulte con un abogado para su caso particular.

Yelenis Pérez, cubana de 63 años, fue notificada por el Departamento de Seguridad Nacional, con el aviso de que debe abandonar Estados Unidos en los próximos 90 días debido a que su pasaporte está vencido. Yelenis no logró realizar su proceso de residencia debido a un crimen de su expareja. “Que migración decida a dónde me van a mandar”, dijo la mujer hispana.

Tras votación en ambas cámaras, la Asamblea General de Carolina del Norte anuló el vetó del gobernador Josh Stein y convirtió en ley el proyecto HB318, el cual amplía la colaboración obligatoria de alguaciles locales con ICE y extiende el tiempo de detención de personas indocumentadas. La medida entrará en vigor el 1 de octubre de 2025.

Wesley Lepatner, Aland Etienne, Julia Hyman y Didarul Islam fueron las cuatro víctimas mortales del tiroteo ocurrido el 28 de julio en Manhattan. De acuerdo con el reporte, Didarul era policía de NYPD, tenía dos hijos y su esposa estaba embarazada. Además, uno de los heridos fue intervenido quirúrgicamente y pasó de condición crítica a estable.

Una investigación realizada por The Guardian revela que agentes federales presentaron testimonios manipulados para procesar a manifestantes en las protestas de Los Ángeles, acusándolos por agresión y obstrucción contra la autoridad. Estos cargos fueron desestimados y se tratarían de declaraciones falsas. “Muchos casos carecen de pruebas para enjuiciar a una persona”, dijo Luis Carrillo, abogado en derechos civiles.