Un juez de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito falló a favor del Estatus de Protección Temporal (TPS) para unos 600,000 venezolanos. Aunque el bloqueo al intento de la administración Trump de poner fin al TPS supone un alivio para estos inmigrantes, todavía hay preocupación. El abogado Ángel Leal explica qué acciones podría tomar el gobierno federal frente a esta decisión.

Venezolanos del sur de Florida acudieron al restaurante El Arepazo, en Doral, para celebrar el fallo de un juez federal que restauró el Estatus de Protección Temporal o TPS tanto para los ciudadanos de Venezuela como de Haití. “Yo vengo huyendo de un régimen que me quiere encerrar”.

Decenas de personas protestaron frente a un centro de ICE en Broadview, Illinois, donde podrían ser llevados los inmigrantes que sean detenidos durante los operativos en Chicago anunciados por Trump. En otras noticias, un juez bloquea el intento del gobierno federal de poner fin al TPS para venezolanos y haitianos y Trump cambia el nombre del Departamento de Defensa a Departamento de Guerra. Mira más: Temor en vecindarios de Chicago por plan de militarización de Trump: "La gente anda muy asustada".

El fallo del juez de distrito Edward Chen, de San Francisco, a favor de los demandantes significa que 600,000 venezolanos cuyas protecciones temporales expiraron en abril o cuyas protecciones estaban a punto de expirar el 10 de septiembre tienen estatus para permanecer y trabajar en los Estados Unidos.

Relámpagos que caen sobre la maleza han causado más de 20 incendios forestales en el centro y norte de California. Algunas familias han tenido que evacuar y la zona más afectada es Chinese Camp. En otras noticias, el gobierno Trump cancela el TPS para más de 268,000 venezolanos y EEUU y Ecuador logran un acuerdo para luchar contra el terrorismo. Te recomendamos: Un incendio en California arrasa con un histórico pueblo minero que data de 1850.

La cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS) deja a miles de familias venezolanas sin salida. Padres con hijos ciudadanos estadunidenses enfrentan la incertidumbre de perderlo todo o regresar a un país donde esos hijos ni siquiera pueden entrar.