La medida entrará en vigor a partir del 1 de septiembre de 2017 y permitirá a la policía preguntar por el estatus migratorio de los detenidos y los obligará a colaborar con agentes de ICE.

Con críticas de un lado y partidarios por otro, la ley recoge además una enmienda aprobada la semana pasada por la Cámara de Representantes que permitirá a los agentes de policía cuestionar el estatus migratorio de las personas detenidas en Texas, similar a la que puso en marcha en 2010 el estado de Arizona.

Tras la aprobación por parte de Greg Abbott, la policía local podrá preguntar el estatus migratorio de las personas y los alguaciles en ese estado irían a la cárcel si no cooperan con los federales en la identificación de indocumentados. En contraparte, activistas ya estudian acciones legales para frenar la ejecución de esta ley.

El gobernador de Texas, Greg Abbott, podría firmar en los próximos días la SB-4. Esta medida penalizaría los condados, gobiernos locales y universidades que no cumplan con la norma y le daría facultades a la policía para que pregunte sobre el estatus migratorio durante cualquier tipo de detención. El congresista Rafael Anchía afirma que pelearán contra su institución.

El Senado de Texas revisó la versión de la medida que fue aprobada por la Cámara de Representantes la semana pasada y le dio luz verde para que sea firmada por el gobernador. Autoridades locales expresaron su descontento con las decisiones de los políticos del estado.

Kendrix White, el presunto autor de un ataque con cuchillo que dejó un muerto y tres heridos, admitió que escuchaba voces y que 'su mente le había indicado que negara cualquier acción que cometió porque realmente no sucedió'.