Son varias las familias que el próximo sábado deberán abandonar los hoteles en que han vivido durante varios meses luego de la explosión que dejó sus viviendas gravemente afectadas. Las personas aseguraron estar preocupadas porque no saben qué hacer y tampoco quieren aceptar el cheque que les ofrece la ciudad, ya que, según dicen, no es suficiente y lo que desean es un hogar.

Jennifer Bridger, extrabajadora del Houston Methodist, aseguró que fue despedida por dicha institución médica luego de negarse a aplicarse el antídoto contra el virus. “He perdido completamente el respeto por Metodist y no les importan sus empleados”, dijo Bridger al señalar que con otros compañeros tienen intenciones de llevar el caso hasta la Corte Suprema. En total, 153 empleados del lugar renunciaron o fueron despedidos por la misma razón.

El hecho ocurrió el pasado domingo cuando una conductora fue abordada por un sujeto que se movilizaba en un vehículo sin distintivos, sacó un arma y le ordenó a la mujer salir del auto. Sin embargo, la víctima alcanzó a acelerar y escapar. Por su parte, las autoridades recordaron que ninguno de sus oficiales realiza paradas de tránsito sin identificarse o sin mostrar etiquetas de la institución.

La activista Dolores Huerta señaló que la decisión del alto tribunal hará más difícil la labor de líderes sindicales, ya que les impide ingresar a las granjas y a los campos para reclutar campesinos e informarlos sobre sus derechos. Por lo anterior, Huerta dijo que trabajarán con medios masivos de comunicación para así transmitir a los trabajadores agrícolas los beneficios de unirse a un sindicato.

La Dra. Ángela Bermúdez-Millán, profesora asistente de la facultad de medicina de la Universidad de Connecticut, asegura que EEUU ya reporta un 56% de la población completamente vacunada contra el coronavirus y un 65% con al menos una dosis. La experta precisó que en Texas el 39.9% de la comunidad tiene la inmunidad completa y en el condado de Harris la cifra sube al 58.6%.

El Departamento del Trabajo anunció fondos por 1.5 millones de dólares que serán distribuidos a los estados para que, con organizaciones sin fines de lucro, preparen estrategias y programas de divulgación de información sobre los derechos de las mujeres en el área laboral.