Los habitantes de un complejo de apartamentos en el norte de Dallas han tenido que llamar varias veces a la policía denunciando que sus vecinos son ruidosos, no obstante, las autoridades aseguran que este tipo de llamadas corresponden a una emergencia de categoría 4, es decir que darán prioridad a un crimen o accidente, por lo que recomiendan adjuntar videos y fotografías para denunciar o instaurar una queja en el sitio web dallascityhall.com.

Según la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico de Carreteras, aquellos conductores que en la prueba de aliento marquen 0,08 de alcohol podrían perder la concentración del volante, tener problemas del control de velocidad y la reducción para detectar las señales. Asimismo, quien marque un nivel superior a 0,15 su campo visual y auditivo se verá afectado, además de enfrentar sanciones como multas, cárcel, servicio comunitario e incluso la suspensión de la licencia de conducir.

Los conductores deben tomar los carriles regulares debido a la cantidad de vehículos particulares que se estacionan en el carril exclusivo, generando incremento del tráfico y más demoras de los autobuses. Con más cámaras instaladas en los autobuses habría más infractores identificados y multados por incumplimiento de la norma.

El decomiso de los productos no es la una sanción, pues los negocios que no cumplan los requisitos o no tengan los permisos requeridos podrían ser multados. En algunos casos las infracciones sobre venta de marihuana podrían terminar en arrestos. Las autoridades mantendrán las redadas y controles.

De acuerdo con la ordenanza, se prohíben las carreras callejeras de autos y las exhibiciones en la ciudad de Grapevine. La medida señala que esta es una actividad ilegal, por lo que sancionaría tanto a los conductores infractores como a los espectadores. Aquellas personas que estén involucradas podrían ser acusadas de actividades delictivas organizadas, un delito por el que llegarían a pagar entre 180 días a dos años de prisión y una multa de hasta $10,000.

Un informe del Laboratorio de Investigación Humanitaria de la Escuela de Salud Pública de Yale alega que el gobierno de Rusia ha estado llevando a cabo un plan de reubicación de niños ucranianos en una red de centros de reeducación y adopción separándolos de sus familias a través de separaciones forzosas o coaccionando el consentimiento de sus padres.