El equipo de trabajo, compuesto por la Fiscalía Federal, el Task Force médico, el Departamento de Salud, el Departamento de la Familia, la Unidad de Control de Fraude al Medicaid (MFCU, por sus siglas en inglés) del Departamento de Justicia, la Guardia Nacional de Puerto Rico, la Oficina del Procurador de Personas de Edad Avanzada, los Centros 330, organizaciones sin fines de lucro, entre otros, realizará las pruebas rápidas y, a las personas que tengan resultados positivos, se les realizará la prueba molecular (PCR).

Es el caso de varias familias inmigrantes en Immokalee, Florida, que aseguran estar pasando por un verdadero drama, ya que el trabajo escasea y no tienen dinero para llevar alimentos a sus hijos. Afirman que el gobierno los ha olvidado y que lo único que les queda es aferrarse a las oraciones que realizan cada día.

Cada domingo se distribuirán cajas de comida a la población afectada por la crisis. La medida beneficia principalmente a los latinos indocumentados que han quedado sin empleos y no aplican para recibir las ayudas que brinda el gobierno de EEUU. Las iglesias no piden identificación para entregar los productos, el único que requisito es cubrirse la nariz y la boca.

Mientras el presidente se enfoca en su plan de tres fases para lograr la reapertura de la nación y asegura que los gobiernos locales “deben trabajar más con laboratorios privados”, demócratas y hasta algunos republicanos en Virginia y Maryland difieren y afirman que no es momento para retomar la normalidad. Según una encuesta de la Universidad de Quinnipiac, el 81% de los estadounidenses apoyan la medida de permanecer en casa y quienes se oponen lo hacen, en su mayoría, porque necesitan trabajar.

Las cifras evidencian una reducción de estos casos en dos días consecutivos, lo que se convierte en una esperanza para el estado. A pesar de estas noticias, las autoridades de salud señalan que se deben seguir haciendo pruebas y detectando a las personas contagiadas para poder controlar la propagación del virus.

La abogada Noemí Ramírez explica que en las últimas semanas el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha dejado en libertad a 693 personas detenidas en diferentes partes del país porque tenían condiciones de salud que las hacían vulnerables al contagio con el virus, entre ellas, mujeres embarazadas y presos con enfermedades pulmonares.