Debido a la eliminación de la emergencia de salud pública por la pandemia del covid-19 a partir del 11 de mayo, el gobierno dará por concluidas las ayudas y los inmigrantes deberán proveer sus propios servicios de traducción en los procesos de asilo.

Los números indican que es la primera vez desde que Biden llegó a la Casa Blanca, hace dos años, que la cifra de detenidos baja, una buena noticia para los estrategas del gobierno, quienes el año pasado no lograban disminuir los registros y contrarrestar las críticas provenientes de la oposición republicana.

Expertos consultados por Univision Noticias advierten que, si bien la permanencia indocumentada constituye una falta de carácter civil, el ingreso con violencia en la frontera es una falta criminal que en algunos casos se sanciona con multas y hasta con 10 años de cárcel. Y que los culpables, además, arriesgan a perder sus derechos de permanencia en EEUU.

La iniciativa de ley prohíbe el uso de licencias válidas de otros estados en manos de indocumentados, obliga a los hospitales a recopilar información sobre el estado migratorio de los pacientes y criminaliza el transporte de indocumentados, poniendo en serio riesgo a cientos de miles de 'familias mixtas'.

AILA advirtió que la detención familiar ha demostrado tener consecuencias devastadoras para los niños y las familia, y señala que hace casi una década, cientos de abogados fueron testigos de primera mano de las injusticias de la detención familiar, una política que califican de "inhumana, insegura, antihigiénica y abusiva”.

Los funcionarios citados por diversos medios señalan que los funcionarios de la administración están considerando varias opciones mientras se preparan para el fin del Título 42.