El evento, realizado por la Patrulla Fronteriza, agencias locales, estatales y oficinas consulares en Texas, busca educar a la comunidad sobre los riesgos que corren los inmigrantes que intentan ingresar ilegalmente a Estados Unidos en ese tipo de vehículos.

Un grupo de 61 personas se entregó a la Patrulla Fronteriza en la frontera de San Luis y Sonora y fueron trasladados a Arizona para ser procesados. Entre los inmigrantes hay un salvadoreño, identificado como Herbert Geovani Argueta Chávez, quien confesó a los agentes que huyó de su país porque quería abandonar la Mara Salvatrucha.

“Tiene el descaro de quejarse con sus abogados y pedir que no lo miremos porque supuestamente lo intimidamos”, reclamó la madre de José Antonio Elena Rodríguez, el joven de 16 años que murió tras recibir 10 balazos a través del muro fronterizo en 2012.

El gobernador de California, Jerry Brown, aclaró en una carta dirigida a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristjen Nielsen, y al secretario de Defensa, James Mattis, que los efectivos no desempeñarán labores de inmigración. "No será una misión para construir un nuevo muro", enfatizó.

El acusado solicitó no ser visto por la familia de la víctima, ya que asegura que sus miradas lo intimidaban.

El incidente, que se registró el 17 de marzo de 2017 en California, viola un acuerdo binacional que indica que los mexicanos deben ser repatriados mediante un trámite en el consulado de su país, después de confirmar su identidad y tomarle las huellas dactilares. La Patrulla Fronteriza anunció una investigación.