En una corte federal de San Diego se disputó la demanda que acusa a la administración Trump de tratar de violar leyes que protegen el medio ambiente. Abogados que representan al gobierno rechazaron la acción legal señalando que el Departamento de Seguridad Nacional tiene el poder para hacerlo.

En el extremo oeste de la frontera entre México y Estados Unidos, donde el cerco de metal que divide a los dos países choca con el mar, activistas e inmigrantes realizaron una manifestación para exigir la aprobación del Dream Act en el Congreso. Los dreamers se congregaron del lado estadounidense de la frontera Tijuana-San Diego para enfatizar en que no quieren ser moneda de cambio en las negociaciones con el presidente Donald Trump, quien pretende condicionar ese alivio migratorio por el dinero para la construcción del muro fronterizo.

La autopsia calificó de indeterminada la naturaleza del incidente, por lo que aún se sigue desconociendo el motivo de la muerte del uniformado. Algunos de sus compañeros dijeron que el oficial fue atacado por un grupo de inmigrantes.

Este viernes el juez federal de San Diego Gonzalo Curiel escuchará la denuncia del gobierno de California y una alianza de organizaciones no gubernamentales sobre lo que ellos califican como una "maniobra inconstitucional" que atenta también contra la naturaleza.

Una colectividad integrada también por alguaciles y miembros de Activistas por las Víctimas del Crimen de Extranjeros Ilegales (AVIAC) instó al presidente a rechazar acuerdos sobre DACA. El mandatario advirtió que el gobierno volverá a cerrar si no se llega a una resolución con los demócratas, mientras el jefe de gabinete de la Casa Blanca, John Kelly, insinuó que algunos dreamers son "vagos".

Trabajadores de ese país que cuentan con la visa H-1B para EEUU están impulsando un proyecto de ley que propone reducir el periodo de espera para obtener sus 'green cards', ofreciendo hasta 4,000 millones de dólares para la construcción del muro fronterizo.