La policía está tras la pista del hombre que huyó tras la agresión contra la víctima de 29 años, en la mañana de este domingo. La mujer fue trasladada a un hospital, donde es atendida por sus heridas.

Gerald Goines y Steven Bryant, acusados el pasado viernes por la polémica redada en la que también resultaron heridos varios agentes, debieron comparecer nuevamente ante un tribunal este lunes. Goines y Bryant pertenecían a la Unidad de Narcóticos y son señalados de haber comenzado el operativo en el hogar de Rhogena Nicholas y Dennis Tuttle, quienes perdieron la vida.

El abogado criminalista Nelson Rodríguez Varela explicó que la ley 'Stand your ground' ofrece protecciones, en términos de defensa personal, en circunstancias específicas. “El nivel es tan alto para demostrarle a un juez que actuaste de forma correcta bajo la legislación, que es muy difícil sobrepasar ese estándar y que un juez te otorgue ese grado de inmunidad”, dijo Rodríguez. Agregó que el nivel de prueba es bajo para demostrar que se actuó en defensa propia.

El actor enfrenta la acusación por la muerte de Juan Ricardo Hernández tras un incidente de ira al volante en Miami. El abogado criminalista Nelson Rodríguez Varela aseguró que la defensa del actor buscaba que el juez interpretara el recurso 'Stand your ground' basado en los elementos presentados. El experto dijo que, tras la decisión de la corte, “el caso podría proceder a juicio, también puede ser resuelto con una declaración de culpabilidad”.

Nazario Norberto, diputado del Congreso de Ciudad de México, espera que se apruebe la iniciativa para regularizar el uso de aparatos de defensa personal, como el gas pimienta o el taser. La propuesta de ley pretende que estos dispositivos los utilizen únicamente las mujeres y que los lugares donde se vendan lleven un registro para evitar el mal uso. Actualmente, en promedio se asesinan ocho mujeres por día en México.

La medida, que empezará a regir a partir de este sábado 24 de agosto, permitirá que familiares, vecinos, funcionarios escolares, policías y fiscales de distrito presenten una petición al Tribunal Supremo del estado para confiscar las armas de fuego a aquellos individuos que sean considerados una amenaza para sí mismos o para la sociedad.