La aprobación de una ley para crear un registro nacional con datos personales y huellas dactilares de millones de usuarios de teléfonos móviles en México ha encendido la polémica, pues mientras las autoridades dicen que buscan frenar secuestros y extorsiones, críticos consideran que se trata de una amenaza a la privacidad.

Los defensores del proyecto HB 1927 dicen que tienen mayores probabilidades de que se apruebe la medida en la Legislatura de Texas. Mientras, los activistas a favor del control de armas, así como los instructores de licencia, están alertando que podría ser peligroso.

La propuesta de ordenanza fue presentada por la alcaldesa Lori Lightfoot y busca garantizar la posibilidad de vacunación para todos los trabajadores de la ciudad, sin recibir sanciones ni efectos negativos en sus trabajos. Se teme que actualmente muchos empleados tengan que escoger entre salir a aplicarse la dosis y perder su empleo.

El presidente presentó un proyecto de ley para revertir algunas políticas implementadas por el gobierno de Donald Trump sobre derechos reproductivos de las mujeres y acceso al aborto. En plan de Biden contempla la reincorporación de Planned Parenthood al programa federal de planificación familiar y entregar los fondos que dejaron de recibir en 2019. En estos centros se brindan servicios de orientación, entrega de anticonceptivos, exámenes médicos, ente otros. Ver más noticias aquí.

Con 54 votos a favor, 49 en contra y 10 abstenciones, el Senado aprobó la creación de un padrón con datos biométricos para los usuarios de telefonía celular. Los impulsadores de la reforma, legisladores del partido del presidente Andrés Manuel López Obrador, aseguran que con esto buscan disminuir el alto índice de extorsiones y secuestros en el país. Sin embargo, la medida ha generado polémica. Más noticias aquí.

Pedro Benítez, de 23 años de edad, está postrado en una cama de un hospital y diagnosticado con muerte cerebral luego de que cayera de un andamio mientras trabajaba en una construcción. Abogados expertos afirman que, en este caso, la compañía para la que laboraba tiene que responder, ya que los colaboradores, sin importar su estatus migratorio, cuentan con protección y derechos.