Una coalición de organizaciones demandó la ley antiaborto de Texas para evitar que entre en vigencia en mes y medio, el 1 de septiembre. De implementarse, permitiría casi a cualquiera denunciar a personas por realizar o motivar a otros a hacerse un aborto. Los activistas creen que este nuevo intento por acabar con Roe Vs. Wade tiene un nuevo componente: el miedo. Aseguran que sus consecuencias pueden ir más allá de un intento por acabar con el aborto en un estado.

Los ponentes a cargo de esta propuesta son la senadora Kirsten Gillibrand y el candidato a la alcaldía de la Gran Manzana, Eric Adams, ambos del partido demócrata, quienes creen que esta una opción real para intentar bajar los índices de violencia y tiroteos que se viven actualmente en gran parte del estado.

Un numeroso grupo de líderes se plantó este lunes frente a las oficinas del juez federal de Texas, Andrew Hanen, con el fin rechazar el fallo que este emitió el pasado viernes y que pone en peligro de deportación a miles de jóvenes. La medida dictamina que el gobierno no podrá adjudicar nuevas solicitudes para pertenecer al programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA).

La ley Haily, inspirada en una pequeña de 11 años de Kankakee a quien se le prohibió continuar con su negocio de venta de limonadas, fue recientemente firmada y aprobada por el gobernador JB Pritzker. La medida permitirá que niños y jóvenes menores de 16 años puedan operar puestos de limonadas sin permisos.

El pasado jueves, el fiscal general Merrick Garland devolvió a los jueces de inmigración la potestad para ordenar el cierre administrativo de ciertos casos de deportación, un recurso que les había sido retirado en el 2018 por el entonces fiscal general, Jeff Sessions, bajo el marco de la política migratoria de la administración Trump denominada 'tolerancia cero'. La medida podrá ser clave para descongestionar los tribunales de inmigración y avanzar en los procesos de miles de indocumentados.

En 1979 se abolió una ley que permitía a médicos esterilizar a mujeres, aunque no dieran su consentimiento, o si creían que no serían competentes para ser madres. Ena Valladares, de California Latinas for Reproductive Justice, explica que el estado quiere indemnizar a personas que fueron víctimas de esta práctica cuando dicha legislación estaba vigente y también a quienes fueron sometidas en cárceles después de que esta fue derogada.