Luvia Quiñones, de la Coalición por los Derechos de los Inmigrantes de Illinois, aclara varias dudas acerca de la reciente medida que entró en vigencia el pasado lunes 24 de febrero y que afecta los trámites migratorios, como la solicitud de la residencia permanente o la ciudadanía, de aquellos inmigrantes que hayan hecho uso de diversos beneficios públicos.

Jaime Bonilla Valdez, gobernador de Baja California, fue quien activó las alarmas el sábado, asegurando que una supuesta organización se dedicaba a robar niños para venderlos en otros países. Pero era una pareja de coyotes a la cual le pagaron para llevar ilegalmente a un bebé a Estados Unidos.

Elizabeth Alcantar tiene 26 años, se ha destacado por su lucha en pro de la comunidad inmigrante en California y ahora es la mandataria local de Cudahy. Alcantar asegura que inició en la política “por accidente” y cuenta las experiencias que ha vivido y los retos que ha tenido que enfrentar.

La abogada Delia Franco explica de qué se trata esta nueva norma y asegura que va a afectar principalmente a aquellas personas que están pidiendo la residencia por medio de un familiar, como “un cónyuge, un padre, un hijo o un hermano”. Agrega que quienes hayan iniciado un proceso de residencia antes del 24 de febrero no se verían afectados por esta regla de carga pública.

Una corte de distrito de Washington DC dictaminó que el nombramiento del director del servicio de inmigración violó la ley porque debió haber sido ratificado por el Senado, tal y como sucedió con su antecesor.

Una corte federal suspendió el pasado viernes el programa de Protección del Migrante (MPP), para unas horas después volver a activarlo. Desde entonces, la confusión es enorme, pero esta semana puede que el futuro de dicho programa quede definitivamente establecido.