Carlos Perea es el primer residente indocumentado en Santa Ana en integrar un panel municipal a cargo de vigilar un sector de las finanzas de la ciudad. Su llegada al comité es el resultado de una ley en California para incorporar a todos los residentes a la vida cívica sin importar su estado migratorio.
Indocumentado hispano es el primero en integrar un comité municipal en California
El beneficiario de DACA, Carlos Perea, tiene la función de vigilar como se gasta el dinero en Santa Ana.

El joven, que está protegido por DACA, integra el comité de la Medida X a cargo de asesorar al gobierno local sobre el dinero recaudado y gastado a través del impuesto de ventas de 1.5% aprobado en noviembre de 2018. Se espera que el impuesto genere unos 60 millones de dólares anuales.
El comité fue creado a raíz de las constantes quejas de que el dinero no era destinado para la seguridad en el vecindario, la prevención de personas sin hogar y los servicios esenciales de la ciudad, así como el mantenimiento de la calle y el parque comunal.
¿Quién es Perea?
Perea entró como indocumentado al país a los 14 años de edad a reunirse con su madre. Hacía cuatro años que no la veía. Se graduó en Cal State Long Beach y es consultor de políticas públicas.
Es un activista responsable de la creación de varias organizaciones pro inmigrantes del condado de Orange. Perea dijo estar orgulloso de ser parte de una comunidad "que empodera a todos sin importar de su estatus migratorio, para que estén comprometidos cívicamente", dijo al Orange County Register.
¿Qué pueden hacer los indocumentados?
- El debate comenzó en 2018 cuando el Senado estatal nombró una mujer que vino indocumentada a un comité asesor sobre el acceso a la universidad para estudiantes de bajos ingresos y minorías. Ella llegó a Estados Unidos procedente de México cuando era adolescente.
- Primero la ley fue vetada. El año pasado fue aprobada, ampliando la elegibilidad para designaciones estatales a cualquier residente de California mayor de 18 años.
- Hoy hay 11 gobiernos locales, diez de ellos en Maryland, que permiten a los no ciudadanos votar en sus elecciones locales. San Francisco permite a los padres no ciudadanos votar en las elecciones de la Junta Escolar.



















