Aunque el ayuntamiento angelino prometió hace seis meses que entregaría dos millones de dólares para dicho programa de asistencia legal, a la fecha no ha cumplido con su palabra.

Activistas y líderes de varias organizaciones llegaron hasta la oficina del alcalde, Rahm Emanuel, con el fin de entregarle una solicitud con firmas para la remoción de cuatro excepciones establecidas en una ordenanza. Esta indica que la policía puede cooperar con las autoridades en algunos casos.

Lupita García inauguró su negocio de tortillas, cuatro meses después de ser la primera indocumentada repatriada del gobierno de Donald Trump.

El miedo de la comunidad inmigrante a salir de sus casas también está afectando su salud por la abstinencia a las consultas médicas. Porfirio Villarreal, portavoz del Departamento de Salud del condado Harris, explica cuáles son los servicios que está ofreciendo la ciudad en materia de salud.

Hace 6 meses las autoridades angelinas anunciaron la creación de un fondo para la representación legal de inmigrantes amenazados con ser deportación, pero aún no se dispone del dinero.

El alcalde Mike Rawlings señaló que la legislación que veta las ciudades santuario es inconstitucional por lo que la ciudad se unirá a otras que están demandando al estado.