Pedro Enrique Herrera, de 72 años y maestro de la Escuela Aldea Cambote en Huehuetenango, Guatemala, murió tras ser atacado brutalmente con un cuchillo. Aunque el hombre alcanzó a ser trasladado con vida a un hospital, falleció horas más tarde. La principal sospechosa del crimen es una estudiante de 11 años. Te puede interesar: Hispano es asesinado a puñaladas por la expareja de su novia: la mujer habría planeado una emboscada.

Momentos de angustia vive la familia de un inmigrante guatemalteco, de 65 años, arrestado en una redada a las afueras de un Home Depot en Los Ángeles, California. Su hija denuncia que el hombre, quien padece de diabetes, no está recibiendo asistencia médica y que le botaron los medicamentos a la basura. Te puede interesar: "¿Por qué nos tratan así?": inmigrantes narran el pánico durante redada de ICE cerca a un Home Depot.

Bryan Canú, un joven guatemalteco de 19 años, murió cuando trabajaba en una fábrica de burritos en California. Su familia, que aún desconoce cómo ocurrió el accidente, pide que se investigue. Ha circulado la versión de que una trituradora de carne que él limpiaba se habría activado accidentalmente, causándole la muerte. También puedes ver: Hallan cuerpo de menor desparecido en el volcán Iztaccíhuatl: grabó un video antes de morir.

Nory Sontay Ramos, joven de 17 años, fue deportada el pasado 4 de julio a su país de origen, Guatemala, luego de que ICE la detuviera a ella y a su madre después de una cita migratoria en una corte de Los Ángeles. Nory se convirtió en una destacada estudiante, pero debido a la deportación no logrará graduarse con honores de la secundaria.

Expectativa por la decisión de la Corte Suprema sobre la ciudadanía por nacimiento; Kilmar Ábrego García sería juzgado en EEUU por cargos federales de tráfico de personas antes de proceder a su deportación y acuerdos migratorios entre EEUU, Guatemala y Honduras generan dudas. Más información en UnivisionNoticias.com.

Tras los comentarios de la secretaria de Seguridad Nacional estadounidense, Kristi Noem, los dos gobiernos centroamericanos negaron haber acordado actuar como "tercer país seguro".