Cientos de personas se han manifestado durante más de dos semanas para exigirles a las autoridades migratorias el permiso con el que pueden cruzar el país azteca y continuar con sus deseos de cumplir el sueño americano. En medio de la desesperación, aseguran que los oficiales de inmigración ejercen una política dilatoria.

Así lo anunció el líder de la mayoría republicana en la Cámara Alta, el senador Mitch McConnell. Por otro lado, el Comité Judicial de la Cámara de Representantes aprobó un proyecto de ley para prohibir la venta de cartuchos de alta capacidad, la comercialización de armas a convictos de crímenes y para exigir la verificación de antecedentes.

Ante lo contantes homicidios que se han registrado en todo el país, la policía ha reforzado el patrullaje en las calles con más de 300 oficiales fuertemente armados, los cuales han arrestado a al menos 60 sospechosos en los sitios calificados como los más conflictivos.

La familia dueña de esta compañía es acusada por las autoridades de Nueva York de esconder, por medio de transferencias, la millonaria cifra. Purdue es señalada, además, de provocar la crisis por opioides que ha dejado más de 200,000 muertes, según cifras oficiales. Abogados expertos creen que los Sackler apelan a estos movimientos para evitar una avalancha de demandas.

El esfuerzo de este conjunto de activistas se vio reflejado en la apertura del lugar en el que esperan apoyar y asistir en Tijuana a otros centroamericanos que se encuentran en el proceso de solicitud de asilo. Este espacio cuanta con capacidad para atender a 50 personas, principalmente mujeres y niños.

A sus 87 años, el controversial exalguacil dedica sus días a trabajar en su campaña de reelección para ese cargo en el que dio mucho de qué hablar por sus fuertes posturas en temas migratorios y el tráfico de drogas. Asegura tener una buena relación con el presidente Trump y que espera trabajar de cerca con él para poder concretar el muro fronterizo.