Araceli Rodríguez, madre de José Antonio Elena Rodríguez, llama cómplices a los jurados que declararon no culpable al agente que había sido acusado del asesinato en segundo grado de su hijo. Las investigaciones sobre Lonnie Swartz comenzaron después de que el joven de 16 años recibió disparos a través de la valla fronteriza en Nogales, Sonora, en octubre de 2012.

Al menos 130 centroamericanos en la movilización llegaron en autobuses a Tijuana, lo más cerca que han estado de la frontera desde que comenzaron el viaje. En el albergue Juventud 2000 les han brindado ayuda para que continúen hacia el país vecino en busca de asilo. El fiscal general de Estados Unidos, Jeff Sessions, calificó la caravana como un intento deliberado por abrumar el sistema (de inmigración) y ordenó emplazar suficientes fiscales y jueces para procesar los casos.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas dice que algunos detenidos tienen antecedentes por conducir en estado de embriaguez, violencia doméstica, abuso sexual o robos en tiendas y que 180 son criminales convictos que podrían enfrentar la deportación. Una organización de inmigración y derechos civiles comunicó que han encontrado casos de personas con infracciones mínimas de tráfico o sin pasado delictivo que son arrestadas por ICE.

El juez federal John Bates, del Distrito de Columbia, ordenó al gobierno mantener el programa DACA y continuar aceptando nuevas solicitudes, pero da 90 días a la administración para que entregue mejores argumentos a la finalización del programa que protege de la deportación a cientos de miles de jóvenes que llegaron en la infancia a Estados Unidos. Si en estos 90 días el gobierno no puede dar "razones más sólidas" deberá comenzar a aceptar nuevas peticiones.

La abogada Érika Pinheiro explicó que pedir asilo no es un delito y agregó que los participantes en la movilización pueden enfrentarse a una detención indefinida, ser separados de sus niños o hasta morir en un centro de detención si tienen una enfermedad. Tras el refuerzo de seguridad en la frontera con México, el fiscal general Jeff Sessions ordenó emplazar fiscales y jueces de inmigración para procesar los casos.

El viaje a Tijuana se llevó a cabo con cupo limitado, en dos autobuses subieron a 130 migrantes. Al menos 500 personas de la movilización tuvieron que quedarse en Hermosillo temporalmente, mientras habilitan más vehículos. Se espera que quienes están más cerca de Estados Unidos reciban talleres y asesoría para el día que se entreguen a inmigración.