La medida fue advertida el 6 de abril cuando el mandatario firmó una orden ejecutiva que puso fin a la política del "catch and release", pieza clave de su dura política migratoria que implementa sin el apoyo del Congreso.

Ante el incremento en las deportaciones, el psiquiatra Humberto Temporini habla de la importancia de estar preparado ante esta eventualidad mediante la comunicación y la creación de un plan de separación familiar.

El caso de Santiago Díaz, un mexicano del área de Houston, fue clave en la decisión del Tribunal. El hombre era residente permanente de EEUU desde 2005, sin embargo, en 2014 fue enjuiciado a dos años de cárcel por evadir arresto. En agosto de 2015 le cancelaron su residencia, fue deportado a México y separado de su hijo de 11 años de edad. Desde entonces, su abogado confiado en que la falta que cometió no era causa para su deportación inició una demanda.

Las negligencias en el caso de Sofía, mexicana de padre estadounidense, comenzaron cuando sus progenitores le tramitaron la residencia permanente y no la ciudadanía. La mujer fue despojada de su estatus y deportada tras cometer un delito relacionado con drogas.

María de los Ángeles Soto-Arreola permaneció seis semanas en un centro de detención tras ser arrestada por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). La mujer, su familia y su abogada aseguran que el ingreso a la propiedad se hizo sin permiso y que hubo maltrato. La agencia comunicó que el arresto se produjo después de un encuentro en el que la indocumentada intentó atropellar a un agente.

La defensa de la denunciante asegura que inmigración no siguió con el proceso requerido y cometió errores que derivaron en la deportación de la mujer que ya ha sido encontrada culpable por posesión de drogas y mercancía robada.