El caso de Santiago Díaz, un mexicano del área de Houston, fue clave en la decisión del Tribunal. El hombre era residente permanente de EEUU desde 2005, sin embargo, en 2014 fue enjuiciado a dos años de cárcel por evadir arresto. En agosto de 2015 le cancelaron su residencia, fue deportado a México y separado de su hijo de 11 años de edad. Desde entonces, su abogado confiado en que la falta que cometió no era causa para su deportación inició una demanda.