En las últimas semanas el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) cambió de estrategia. Detuvo las deportaciones aceleradas de menores que piden asilo, los entrega al Departamento de Salud, pero demora sus puestas en libertad como lo exige el Acuerdo Judicial Flores de 1997.

La Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) dice que “la incertidumbre a largo plazo socava los planes para el futuro" y no permite a los titulares del programa "una vida completamente plena" en Estados Unidos.

Expertos aseguran que la nueva medida, que se aplicará a los extranjeros que soliciten un beneficio migratorio, genera temores porque no se sabe qué hará el gobierno con esa información. Temen que en el futuro sea utilizada para espionaje interno, incluso de ciudadanos estadounidenses.

Las capturas se realizaron tras el levantamiento de la moratoria de operaciones debido al coronavirus. De acuerdo con ICE, los detenidos habían sido arrestados previamente o tienen cargos y condenas por delitos que incluyen asaltos, agresión, robo, crueldad infantil, violencia doméstica, secuestro y delitos sexuales.

Abogados recuerdan que los indocumentados tienen derechos y pueden ejercerlos durante una redada. Entre ellos no abrir la puerta de sus casas y pedirle a los agentes de ICE que muestren una orden de arresto firmada por un juez.

Juan José Gutiérrez, director de la Coalición de Derechos Plenos para Inmigrantes, afirma que la redada que se reportó este primero de septiembre en varios estados tuvo una finalidad política y electoral. Ver más de esta noticia.