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Sus fallos podrán ser revertidos: gobierno de Trump publica regla que quita poderes a los jueces de inmigración

A partir del 15 de enero de 2021, cinco días antes de la toma de posesión de Joe Biden, todos los dictámenes emitidos por los jueces de inmigración podrán ser revertidos, señala la nueva norma anunciada por primera vez en agosto por el Departamento de Justicia.
18 Dic 2020 – 01:41 PM EST
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A partir del 15 de enero los jueces de inmigración tendrán menos capacidad de discreción y las sentencias que pronuncien podrán ser revertidas por la Junta de Apelaciones de inmigración (BIA), de acuerdo con una regla final publicada por el gobierno de Donald Trump en el Registro Federal.

La norma se suma a la larga lista de órdenes ejecutivas, memorandos y normas que el gobierno de Donald Trump ha implementado desde el 20 de enero de 2017 en el marco de su denominada política migratoria de ‘tolerancia cero’.

La nueva regla “elimina” el poder discrecional de los jueces para decidir casos y abre la puerta para revertir sentencias en casos de reapertura reconsideración de casos, limitando de esa manera la impartición de justicia.

Los cambios no impiden que las partes dentro de un proceso “presenten mociones conjuntas, incluso en situaciones en las que ha habido un cambio relevante en los hechos o la ley”, indica la nueva norma.

El anuncio

La nueva regla fue anunciada por el Departamento de Justicia (DOJ) a finales de agosto. El ministerio dijo que “enmendaría las reglamentaciones de la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración (EOIR, Corte de Inmigración) con respecto al manejo de apelaciones a la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA).

El gobierno dijo que los “múltiples cambios en el procesamiento de apelaciones” tienen como objetivo “asegurar la consistencia, eficiencia y calidad de sus adjudicaciones”.

El cambio fue barajado por primera vez en 2018 por el entonces fiscal general, Jeff Sessions, quien buscó limitar el poder de los jueces de inmigración para acelerar las deportaciones. En ese entonces, el funcionario firmó una orden provisional que estableció el estándar de “buena causa” para que los jueces pospongan o cancelen un proceso de deportación.

La decisión puso en peligro miles de casos cuyos titulares llevan años viviendo en el país. Un año más tarde, una corte de apelaciones devolvió a los jueces de inmigración de cuatro estados el poder para cerrar administrativamente casos de deportación. Y también a los integrantes de BIA.

Sessions era de la opinión que en los juicios de deportación nada debía interponerse en el objetivo del proceso, es decir la expulsión del extranjero sometido a las leyes de inmigración.

Los abogados alegaron que el gobierno estaba socavando el debido proceso al no contemplar el alcance y efectividad de una defensa.

Postura oficial

El DOJ indica en la presentación de la regla final que propuso enmendar las regulaciones “para dejar en claro que no existe una autoridad independiente de los jueces de inmigración de línea o miembros de BIA para cerrar casos administrativamente”.

También señala que propuso “eliminar disposiciones inaplicables o innecesarias sobre el envío del expediente de los procedimientos de apelación”, y que la norma responde a los comentarios recibidos en respuesta a la publicación hecha en agosto.

También aclara que la nueva regla impactará sólo aquellos casos que se presenten en o después de la entrada en vigor de la regla final, pero advierte que tendrá impacto “en todos los casos en los que un juez de inmigración emite una decisión”.

Malas noticias

“Todas las noticias son malas con esta propuesta”, dijo en agosto Rebeca Sánchez-Roig, una abogada de inmigración que ejerce en Miami (Florida) y que durante 15 años ejerció como fiscal de inmigración en el Departamento de Justicia.

Agregó que cuando entre en vigor “reformaría los procesos de la BIA y eliminaría las garantías del debido proceso con el objetivo de acelerar las deportaciones; o sea deportaciones a chorro” (cohete).

La regla final otorga al director de Corte de Inmigración “un designado político, poder extraordinario de adjudicación sobre las apelaciones y lo autoriza a revertir, por sí solo, las decisiones del BIA si lo solicita un juez de inmigración”, explica la abogada.

“El resultado de esta propuesta de regulación es deprimente. Le concede amplios poderes a un burócrata, a un político seleccionado por el gobierno a quien coloca entre sus manos poder e independencia para tomar decisiones rápidas, vertiginosas en sacrificio del debido proceso”, añadió.

Abogados consultados por Univision Noticias han dicho que el nuevo reglamento, además de desmantelar el proceso de apelaciones, restringirá formalmente a los jueces de inmigración y los miembros de la BIA en el uso de su discrecionalidad para pausar temporalmente procedimientos de menor prioridad.

Es decir, que los jueces utilicen su poder para ordenar el cierre administrativo de un caso, algo que en 2018 intentó imponer Sessions, pero las cortes lo rechazaron.

Jueces protestan

Los cambios propuestos por el gobierno “disminuyen” la capacidad del tribunal, afectan la neutralidad y “aumentan la politización del proceso de adjudicación de un caso”, advirtieron en septiembre los jueces de inmigración en un documento donde expresaron sus comentarios al nuevo reglamento.

La Asociación Nacional de Jueces de Inmigración (NAIJ) recordó al gobierno que son ellos quienes “deben administrar sus expedientes y tomar decisiones basadas únicamente en la ley y los hechos de los casos ante ellos”.

Estas disposiciones, agregaron, "continúan un patrón perturbador”. También advirtieron que, de ponerse en vigor los cambios, “pueden socavar la percepción pública de la equidad esencial para cualquier sistema judicial”.

Sobre el cierre administrativo, los jueces indicaron que esta “ha sido una herramienta importante para administrar de manera justa los expedientes” y que “la gestión eficiente y justa de un expediente está en el corazón de la responsabilidad ante las partes y ante la corte”.

“El cierre administrativo permite que los casos se mantengan en suspensión sin el uso innecesario del tiempo y los recursos del tribunal cuando los asuntos preliminares deben completarse para que el caso esté listo para una mayor adjudicación”, apuntaron.

"Este problema es de suma importancia para nosotros, ya que esto facilitará la reducción de la enorme acumulación de casos en nuestros tribunales asegurando, al mismo tiempo, que el debido proceso no se vea comprometido”, agregaron.

Herramienta de gestión

La NAIJ alega, además, que “todos los tribunales requieren alguna herramienta de gestión de casos mediante la cual los procedimientos pueden quedar en suspenso o colocados en un expediente inactivo a la espera de la acción de una de las partes” involucradas durante un proceso.

Y que, en la compleja interacción entre el juez, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS) y en algunas ocasiones tribunales estatales y otras autoridades "a menudo el juez de inmigración no puede completar el caso hasta que se tome alguna acción sobre la cual el tribunal no tenga control directo”.

El reglamento, reiteran, elimina esta herramienta que garantiza un juicio justo.

Ejemplos citados por los jueces para defender la permanencia del poder dictaminar un cierre administrativo:


  • Cierre de un caso de un Menor No Acompañado (UAC) cuando su solicitud de asilo está pendiente ante USCIS.
  • Cierre administrativo de un caso de un menor que solicita protección bajo el amparo del Programa Inmigrante Especial (SIJ) ante un tribunal estatal.
  • Cierre administrativo de un caso con una solicitud de visa U para lo cual USCIS ha determinado que el extranjero es elegible ‘prima facie’ (a primera vista).
  • Cierre administrativo de un asunto en el que se ha presentado una petición de visa para un familiar inmediato por el cual un extranjero parece elegible ‘prima facie’.

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