Las imágenes muestran cómo hombres, vestidos de civiles y algunos con el rostro cubierto, arrestan violentamente, golpean y suben a vehículos sin logotipos a quienes iban a la fiscalía para exigir la liberación de los manifestantes, que fueron detenidos la tarde del viernes durante una protesta por el caso de Giovanni López, el cual ha estremecido a México.

En las imágenes se ve cuando un oficial de la policía del condado de Orange le dice a una conductora que cometió una infracción de tráfico al detenerse junto a los manifestantes en la calle, mientras ella insiste en que no hizo nada malo. Minutos después, el uniformado le rompe la ventana provocándole heridas en el rostro.

De acuerdo con la agencia AP, unas 1,000 personas mueren al año por disparos de uniformados, pero en promedio solo se acusan a siete agentes y únicamente dos o tres son condenados. La razón, según expertos, es que por un dictamen de la Corte Suprema los demandantes deben encontrar un caso exactamente igual en otra parte de EEUU para poder acusar a los oficiales implicados, algo que dificulta la labor de aquellos que buscan justicia en medio de la violencia sistemática.

El superintendente David Brown informó que el relevo de los oficiales se da luego de una investigación por los hechos ocurridos el pasado 31 de mayo en el Brickyard Mall y tras la recomendación de la Oficina Civil de Responsabilidad Policial (COPA).

Activistas y habitantes del vecindario protestaron en la mañana de este viernes frente a las instalaciones de la antigua planta de carbón Crawford para rechazar los trabajos de demolición que adelanta la compañía Hilco. Otra implosión en esa misma planta, ocurrida durante abril pasado, desató la molestia de los residentes del área, quienes alegan daños a la salud respiratoria y la calidad del aire.

“Hemos advenido en conocimiento que ciertos comerciantes y oficinas, están imponiendo un cargo especial por el COVID-19 que ronda entre los $25 a $50", dijo el representante Joel Franqui Atiles.