Miguelito, un pequeño de 4 años, está luchando por su vida en un hospital de Long Beach, al parecer, tras haber sido torturado y abusado cuando estaba bajo supervisión y potestad de autoridades del condado de Los Ángeles. Entretanto, se conoció que la madre de crianza del menor, identificada como Gabriela Cáceres y sospechosa del hecho, fue arrestada y ahora deberá comparecer ante una corte el 6 de diciembre.

Los cargos contra la mujer incluyen un delito grave de agresión a un niño dejándolo en estado de coma o con parálisis y dos cargos por delito grave de abuso infantil en circunstancias o condiciones que probablemente causen lesiones corporales graves o la muerte.

De acuerdo con los expertos, los supuestos compradores se contactan con los vendedores, les piden el número telefónico y les envían un código para, aparentemente, comprobar que no se trata de anuncios fraudulentos, pero en realidad es una trampa para acceder a datos privados y robar la identidad de las víctimas. Para evitar caer en este tipo de fraudes, autoridades aconsejan nunca revelar códigos o información personal a desconocidos.

Varios miembros de una familia alegaron que resultaron afectados dentro de la multitud de personas que participaban en el evento. Ante lo ocurrido, interpusieron una demanda y pidieron una indemnización de un millón de dólares y otras acciones legales. Asimismo, la defensa solicitó a la corte que se preserve la evidencia que permanece en el NRG Park.

El niño fue hospitalizado con heridas en la cara, golpes y traumatismos en su cabeza y signos de tortura en todo el cuerpo. El menor y su familia son inmigrantes indígenas y solo hablan su lengua nativa. Por lo que los abogados que ahora los representan no descartan que fueron discriminados por su condición de inmigrantes.

El niño Miguel Francisco Andrés se encuentra internado en Miller Children's & Women's Hospital Long Beach. Durante seis meses, el menor y su hermano de 2 años de edad estuvieron a cargo del Departamento de Niños y Familias del Condado de Los Ángeles. Estaban bajo custodia de una casa de crianza cuando ocurrió el abuso.