Tres organizaciones locales desafiaron la reciente decisión de la ciudad de Los Ángeles de cerrar el principal punto de acceso a una de las rutas más sencillas y directas para llegar al famoso sitio turístico. Las entidades entablaron una petición en el Tribunal Superior de Los Ángeles quejándose de que esa decisión contradice un dictamen judicial sobre el derecho al acceso a parques públicos.

El juez dictaminó que la demanda no procedía, aunque dejó abierta la posibilidad de que CPS vuelva a plantear el caso antes del 26 de mayo.

Las escuelas públicas de Chicago estaban a la espera de esta decisión para determinar si cierran o no las escuelas dos semanas antes de lo previsto. CPS demandó al estado, alegando discriminación en cuanto a la distribución de fondos. El juez dijo que CPS no pudo comprobar que existe dicha discriminación.

La demanda se levantó debido a que presuntamente los gerentes obligaban a abrir cuentas sin permiso de clientes a los empleados.

El legislador Rafael Anchía, un demócrata que lideró la lucha contra la iniciativa, cree que hay recursos legales para impedir que sea implementada.

Representantes de más de 5,000 empleados denunciaron que, además de solamente ganar el sueldo mínimo, falta personal para asegurar el buen cuidado de los residentes. El grupo alega que a pesar de generosos ingresos, los dueños de los asilos se rehusan a proveer mejores condiciones laborales.