La comisionada del Departamento de Protección al Consumidor, Lorelei Salas, aseguró que los clientes se percataron del presunto engaño porque los teléfonos les dejaban de funcionar y cuando regresaban a la tienda para saber qué había ocurrido se enteraban que el aparato estaba bloqueado ya que había sido robado. Según la funcionaria, las tácticas abusivas eran sobre sus servicios prepagados que atraerían a inmigrantes y clientes sin historial de crédito a través de su marca MetroPCS.

El magistrado Dana Sabraw determinó que los tutores recibieron información engañosa por parte de los agentes de inmigración y fueron obligados a firmar su deportación. En una demanda presentada por la Unión Americana de Libertades Civiles, el juez dictaminó que solo 11 de los 18 padres podrán retornar a EEUU y ha ordenado al gobierno federal que les conceda la entrada para reunirse con sus hijos y realizar sus solicitudes de refugio.

El grupo de 14 víctimas asegura que la compañía de transporte no hizo lo suficiente para evitar que sus usuarios sufrieran casos de agresión sexual a manos de algunos conductores. Lyft calificó lo sucedido a estas víctimas como "aterrador" y señaló que algo así no tiene cabida en su empresa.

Las mujeres dicen que fueron asaltadas sexualmente por conductores de Lyft y que están demandando a la empresa porque sus denuncias no fueron atendidas.

Las 14 demandantes sostienen que la compañía de viajes compartidos basada en San Francisco no hace lo suficiente para responder a las supuestas agresiones, y la acusan de adoptar políticas para silenciar a las víctimas.

La mujer los acusa de poner la parrilla muy cerca de la pared de su vivienda solo para fastidiarla; aun así, la corte prefirió no emitir ningún fallo.