Jensey Matute, vocera de FWD.US, explica que si la Corte Suprema decide poner fin a este programa se perderían cerca de 24,000 empleos mensualmente y muchos de sus beneficiarios no podrían continuar con sus actividades académicas. Por otro lado, hace un llamado a los jóvenes a estar muy pendientes de cada uno de sus casos y a buscar ayuda legal en caso de ser necesario.

Lina Hidalgo, juez del condado Harris indicó que con esta iniciativa se busca crear una política para aquellas personas que tienen razones para permanecer en los Estados Unidos y que no cuentan con el apoyo y los recursos económicos necesarios.

Francisco Bravo es un educador en California cuya noble labor enfrenta un futuro incierto, pues tanto él como muchos de sus estudiantes son beneficiarios de la Acción Diferida. Tiene dos licenciaturas y una maestría en educación especial y trabaja de tiempo completo en una de las zonas más necesitadas de Los Ángeles.

La organización Chirla ofrece ayuda a jóvenes para cubrir algunas tarifas de renovación hasta el 14 de diciembre. La iniciativa busca que los beneficiarios del programa de Acción Diferida no se queden sin trabajo y con el temor a ser deportados.

Ante la incertidumbre que ha generado la espera de la decisión de la Corte Suprema sobre el futuro del Programa de Acción Diferida, la organización de ayuda a inmigrantes Chirla se ofrece a pagar los trámites de renovación de algunas personas entre el 3 y el 14 de diciembre.

Días después de que Donald Trump expresara vía Twitter que muchos de los soñadores ya no son jóvenes y que están lejos de ser ángeles, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración informó que el gobierno recibió hasta el mes pasado 888,818 solicitudes al programa, con casi 80,000 detenciones.