Jensey Matute, vocera de FWD.US, explica que si la Corte Suprema decide poner fin a este programa se perderían cerca de 24,000 empleos mensualmente y muchos de sus beneficiarios no podrían continuar con sus actividades académicas. Por otro lado, hace un llamado a los jóvenes a estar muy pendientes de cada uno de sus casos y a buscar ayuda legal en caso de ser necesario.