La medida se toma para tratar de frenar la propagación del coronavirus en prisiones, pero víctimas y funcionarios de agencias del orden la cuestionan porque creen que entre los presos liberados puede haber delincuentes peligrosos que pueden reincidir en delitos una vez regresen a las calles.

Los manifestantes aseguran que 28 empleados se han contagiado con la enfermedad y que ellos necesitan más protección para sentirse seguros. Señalan que también se necesita más medidas para cuidar la salud de los clientes.

Según el concejal David Ryu, en estos momentos se trabaja en un proyecto de ley que no solo permitiría a los policías interrumpir estas reuniones, sino que también les daría potestad para cortar el agua y la electricidad de la propiedad donde se esté llevando a cabo la celebración. Asimismo, de acuerdo con autoridades, se impartirían multas a quienes participen de estos encuentros, que están prohibidos en el condado.

El concejal Paul Koretz presentó la propuesta de dar multas de entre 100 a 500 dólares a aquellos residentes de Los Ángeles que no usen mascarillas en las calles de la ciudad en tiempos de coronavirus. El alcalde Eric Garcetti está en contra de esta medida.

Con protestas en varios lugares de California, una coalición de grupos activistas y sindicatos le exigen al estado que tome acción para asegurar el bienestar económico este grupo que se ha visto muy afectado por la crisis del coronavirus.

El personal de la salud les está pidiendo al gobierno y a los hospitales hacer más para salvar vidas y prevenir contagios durante la pandemia, como destinar más recursos para los centros médicos y equipo de protección para los que están en la primera línea con los pacientes.