Una iniciativa del gobierno busca garantizar que aquellos que firmen un documento asumiendo la responsabilidad económica de un inmigrante puedan y cumplan con su compromiso. De aprobarse, a los patrocinadores podrían solicitarles informes de crédito, registros de sus pagos de impuestos y si reciben ayuda pública serían descalificados. "Es una propuesta alarmante", dice una activista.

La agencia advirtió que el aumento "es necesario para continuar las operaciones de manera significativa a largo plazo" y que la prohibición "no tiene precedentes y es perjudicial para el pueblo estadounidense”.

La orden firmada por el juez Jeffrey White bloqueó la implementación de las nuevas tarifas del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) que iban a entrar en vigor el próximo 2 de octubre. Para las organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes, los nuevos precios tendrían consecuencias devastadoras en la comunidad. Más información aquí.

Muchos se habían desanimado luego de que el servicio de inmigración anunciara que subiría más de $500 la solicitud de ciudadanía. Sin embargo, tras una demanda, esta medida se ha frenado temporalmente y quienes tienen adelantado dicho trámite podrán tener un alivio económico.

"Muchas personas tienen la falsa creencia de que todo acaba o que tienen que empacar sus maletas tan pronto reciben una decisión negativa o una orden de deportación de un juez", asegura la abogada Claudia Bernal, quien habla de los recursos legales que los inmigrantes pueden usar para quedarse en el país.

El aumento en las tarifas había sido anunciado por El Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS) por sus siglas en inglés, los incrementos entrarían en vigor el 2 de octubre, sin embargo la medida se suspendió.