El plan de la actual administración es distribuir ese dinero entre organizaciones proinmigrantes que deberán ayudar a los residentes aspirantes a la ciudadanía en EEUU a prepararse mejor en temas de idioma e historia del país con el fin de que tengan las herramientas necesarias para pasar el examen del servicio de inmigración. Más información aquí.

La abogada Claudia Bernal explica que, aunque todos los ciudadanos pueden pedir a sus padres, esto no siempre sirve para ajustar sus estatus. Ella aclara que los padres que entraron por la frontera sin una visa están sujetos a una sanción de diez años que empieza a aplicar al momento de que salgan del país, por lo que la petición de los hijos no les daría la posibilidad directa para la residencia.

Los programas ofrecerán asistencia legal y cursos para que los residentes legales permanentes estudien, pasen la entrevista, ganen el examen de ciudadanía y adquieran derechos, entre ellos el voto. El gobierno destinará $10 millones de dólares que serán distribuidos a nivel nacional.

Satcha Pretto conversó con el senador demócrata Alex Padilla sobre la propuesta que comienza a debatirse sobre brindar un camino a la ciudadanía a más de cinco millones de trabajadores inmigrantes esenciales, quienes desde antes y durante la pandemia han mantenido funcionando la economía de Estados Unidos.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anuló una regla aprobada por el gobierno anterior que aumentaba la recopilación de datos a inmigrantes, incluyendo a ciudadanos estadounidenses y residentes legales permanente que patrocinan la green card (tarjeta verde) de un familiar inmediato.