El acuerdo contempla la creación de un fondo social, financiado con recursos congelados del Estado venezolano en el sistema financiero internacional, para apoyar programas de salud, alimentación y educación para los sectores pobres, que han sido muy golpeados por la crisis en el país.

Se trata de medidas limitadas en respuesta a lo que algunos califican como "gestos de buena voluntad" de Maduro tras reunirse en marzo con representantes de Biden, de las que ha sido informada la oposición venezolana. La vuelta al diálogo es una exigencia que hace Washington.

Según información, el acuerdo entre Alex Saab y la Administración de Control de Drogas (DEA) ocurrió en junio de 2018. El empresario aceptó entregarse, pero en mayo de 2019 no se presentó y la DEA desactivó la cooperación. El abogado internacional de Saab, Baltasar Garzón, siempre negó que estuviera cooperando. Más información aquí.

Según fiscales, Saab y su socio, el prófugo colombiano Álvaro Pulido, transfirieron $350 millones obtenidos ilegalmente en Venezuela para blanquearlos a través de Estados Unidos.

Un juez de Manhattan le impuso una condena de seis meses de prisión a Bruce Bagley, un profesor de la Universidad de Miami que se involucró en el blanqueo de dinero supuestamente obtenido de contratos inflados que el gobierno de Venezuela le otorgó a un empresario colombiano.

El fiscal pidió retirar siete cargos de lavado de dinero contra el empresario Alex Saab y dejar solo el de conspiración para cometer ese delito basado en las "garantías hechas a la República de Cabo Verde durante el proceso de extradición". La lectura de cargos se aplazó por otras dos semanas.