Fuentes dijeron a las agencias AP, Reuters y al canal CBS que, como parte del acuerdo serían liberados también un grupo de estadounidenses presos en Venezuela.

Fueron tesoreros del gobierno de Venezuela. Pero en lugar de cuidar la riqueza del Estado la saquearon, dicen los fiscales estadounidenses. Su presunta corrupción oficial está en el centro de la guerra legal de Estados Unidos contra el régimen venezolano.

El acuerdo contempla la creación de un fondo social, financiado con recursos congelados del Estado venezolano en el sistema financiero internacional, para apoyar programas de salud, alimentación y educación para los sectores pobres, que han sido muy golpeados por la crisis en el país.

Se trata de medidas limitadas en respuesta a lo que algunos califican como "gestos de buena voluntad" de Maduro tras reunirse en marzo con representantes de Biden, de las que ha sido informada la oposición venezolana. La vuelta al diálogo es una exigencia que hace Washington.

Según información, el acuerdo entre Alex Saab y la Administración de Control de Drogas (DEA) ocurrió en junio de 2018. El empresario aceptó entregarse, pero en mayo de 2019 no se presentó y la DEA desactivó la cooperación. El abogado internacional de Saab, Baltasar Garzón, siempre negó que estuviera cooperando. Más información aquí.

Según fiscales, Saab y su socio, el prófugo colombiano Álvaro Pulido, transfirieron $350 millones obtenidos ilegalmente en Venezuela para blanquearlos a través de Estados Unidos.