Cristian Hernández, de 17 años de edad, desapareció el 7 de junio y sus restos fueron encontrados el 1 agosto en una fosa clandestina. Según información de las autoridades, el joven hondureño, residente de Galveston, fue estrangulado por varios miembros de la pandilla y trasladado cerca de 55 millas hasta una zona boscosa, lugar donde encontraron los restos mortales. A los acusados les fijaron una fianza de $500,000, $350,000 y $250,000.

El siniestro ocurrió el pasado sábado cuando el vehículo en el que viajaban fue embestido por una conductora que transitaba en sentido contrario. El choque acabó con la vida de cuatro personas, tres de ellas formaban parte de una familia mexicana, y la conductora del otro auto que presuntamente ocasionó el siniestro.

El abogado del dueño del inmueble y la ciudad acordaron reabrir brevemente el edificio para inspección de daños de la aseguradora. El jurista aseguró que su cliente se encuentra muy triste por lo ocurrido y negó que estuviera violando los reglamentos de la ciudad. El propietario deberá regresar a corte el próximo 6 de diciembre y mientras tanto la vivienda va a permanecer sellada.

Los hechos ocurrieron este jueves sobre las 6:00 a.m. en el barrio Ukranian Village y muy cerca de una escuela primaria. Los gritos de auxilio alertaron a la comunidad y el presunto atacante huyó de la escena. El sospechoso es descrito por las autoridades como afroestadounidense de aproximadamente 20 años de edad y 6 pies de estatura. La policía de Chicago pide a la comunidad reportar cualquier información para lograr su captura.

La medida está contemplada en el acuerdo de reforma policial que discuten la procuradora de Illinois, Lisa Madigan, y el alcalde Rahm Emanuel. Este jueves en la corte, ultimaron detalles para dar luz verde al mandato y poner fin a la polémica entre los miembros del sindicato de policías y la demanda interpuesta por Madigan. El sindicato asegura que no es razonable tener que escribir detalladamente todo cada vez que un oficial saca un arma.

Organizaciones como Fe y Justicia sostienen que los reclamos superan los 400,000 dólares por este tipo de trabajos. Los denunciantes precisan que no recibieron el pago respectivo por las labores realizadas en diversas viviendas tras el paso del huracán Harvey. En seis meses, el centro de trabajadores ha recibido más de 146 denuncias de sueldos robados por trabajo de construcción, manufactura y cuidado del hogar, entre otros.