Trump acabó en 2025 con las protecciones migratorias de miles de personas con años de vida en EEUU

El presidente Donald Trump asumió su segundo mandato e inmediatamente comenzó a estampar su firma en más de una decena de órdenes ejecutivas para revivir viejas batallas en materia migratoria y comenzar otras nuevas. Después de la declaración de emergencia en la frontera sur, del fin de CBP One —la aplicación que se usó para obtener una cita de admisión en la frontera— y la restricción al derecho al asilo, cesó casi por completo la afluencia de inmigrantes en los puertos de entrada a Estados Unidos desde México.

Las políticas de Trump comenzaron a sentirse con fuerza, pero ya no en el borde con México sino al interior del país, en las propias comunidades.

En 2025, la promesa de detenciones históricas de inmigrantes llenó las redes sociales y noticieros de videos de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) —y de casi cualquier agencia federal— enmascarados realizando violentos arrestos de inmigrantes indocumentados, pero también de aquellos con casos pendientes. Las detenciones comenzaron a ocurrir en los propios pasillos de los tribunales de inmigración, en las calles, en tiendas de comida, en obras en construcción, en un day care, y las agencias federales comenzaron a publicitarlos en sus cuentas de redes sociales.

Para septiembre, una polémica decisión de la Corte Suprema dio luz verde al perfil o prejuicio racial en los operativos migratorios: revirtió la orden previa de un juez que prohibía que agentes federales en Los Ángeles pudieran detener a personas sólo por cómo lucen, su idioma o su acento al hablar en inglés, e interrogarlas sobre su estatus. El máximo tribunal avaló estas conductas bajo el paraguas de que los agentes puedan tener "una sospecha legal" de que alguien pueda encontrarse sin estatus legal en Estados Unidos.

En su opinión sobre este tema, el juez conservador Brett Kavanaugh dijo que si bien la "etnia aparente" por sí sola no constituye una sospecha razonable, combinada con otros factores puede ayudarles a tomar esa decisión. Además de tener acento al hablar en inglés, entre los factores mencionó que la persona se encuentre en una parada de autobús, en un autolavado o en puntos de recogida de trabajadores, como Home Depot.

Casi al término del año, para noviembre, el gobierno reportó una cifra récord de inmigrantes en detención: más de 66,000 al cierre de noviembre. Con una oficina de rendición de cuentas desmantelada a inicios de año, es poca la vigilancia gubernamental y el seguimiento que se hace sobre las condiciones en los centros de ICE. Pero las organizaciones de defensa legal y de derechos humanos han denunciado durante todo el año un deterioro exponencial que lleva a muchos detenidos al extremo de aceptar ser deportados tras meses de arresto: con mayores reportes de mala atención médica incluso a embarazadas y personas con enfermedades crónicas, un mayor uso del confinamiento en solitario, así como hacinamiento e insalubridad, sólo entre otros problemas.

Con el apoyo del máximo tribunal del país —tras esa y otras decisiones— y con la aprobación en el Congreso de un paquete fiscal millonario que le otorgó una financiación sin precedentes a ICE (con casi $80,000 millones solo para aumentar su capacidad de detención), en apenas un año el mandatario dio un giro radical a las políticas migratorias que habían estado en pie por décadas. Recientemente, DHS confirmó que ese presupuesto les permitió la firma de un contrato millonario para comprar su propia flota de aviones para deportaciones.

Miles de inmigrantes con años de vida en Estados Unidos —incluso cónyuges o padres de niños estadounidenses— por miedo a ser arrestados, detenidos —hasta por meses— y deportados, han decidido separarse de sus familias y volver a sus países de origen.

El 10 de diciembre, el DHS celebró en una nota de prensa que más de 2.5 millones de "extranjeros ilegales" habían abandonado Estados Unidos. Eso incluye, afirma el departamento, más de 605,000 deportaciones y casi dos millones de personas que han recurrido a la "deportación voluntaria".

Y aunque DHS y sus voceros insisten en que han deportado a "los peores criminales", los análisis estadísticos de organizaciones independientes sugieren otras conclusiones: tras una demanda, el Proyecto de Datos de Deportación obtuvo cifras oficiales que muestran que menos de 30% de las personas arrestadas por ICE en las operaciones migratorias en Los Ángeles, Washington DC, Massachusetts e Illinois habían sido acusadas por algún delito. A nivel nacional la cifra era de 28% para mediados de octubre, según un análisis de The Washington Post.

Más allá de las detenciones, aquí te dejamos un recuento de algunos cambios en la forma en que se aplicaron las políticas migratorias durante 2025:

Fin de los 'paroles' y otros estatus temporales

En una de sus primeras órdenes ejecutivas puso fin al 'parole' humanitario CHNV, creado por Biden para promover la entrada ordenada al país de inmigrantes de Cuba, Nicaragüa, Haití y Venezuela. Al ser admitidos tras la petición de un familiar o conocido, les daba un periodo de dos años para cambiar de estatus migratorio a cualquier otro para el que calificaran.

Al mismo tiempo, Trump desactivó la aplicación CBP One, que había permitido a casi un millón de inmigrantes obtener una cita para ingresar por tierra legalmente a Estados Unidos y pelear sus casos migratorios. Tras el anuncio y el cierre de la frontera, con los meses comenzó a mirarse una migración en reversa: cientos de inmigrantes volviendo a sus países o a otros puntos de México para asentarse.

Un par de meses después, transformó la aplicación de CBP One a CBP Home: comenzó a ser presentada como una alternativa para que todos aquellos que no tenían estatus migratorio pudieran retornar voluntariamente a sus países de origen. Fue lanzada con la promesa de que usar esta opción les permitiría en el futuro volver a Estados Unidos de forma regular. Aún se desconoce cómo esto sería posible.

En otra orden ejecutiva firmada también a horas de asumir la Presidencia —que llamó "Protegiendo a los estadounidenses contra la invasión"— Trump encomendó a su gobierno a evaluar el fin de más políticas. Entre ellas, las designaciones de Estatus de Protección Temporal (TPS). Bajo esta condición se encontraban para entonces cerca de un millón de personas de países como Venezuela, El Salvador, Haití y Nicaragua.

Tras una batalla legal de meses en cortes —y que se resolvió en la Corte Suprema— más 600,000 venezolanos perdieron su estatus a inicios de noviembre. Algunos ya habían avanzado hacia otras solicitudes, pero un número no determinado quedó completamente indocumentado. Muchos se marcharon de EEUU hacia Venezuela, pero también hacia países como Colombia y España, contaron activistas a Univision Noticias.

También en noviembre, el gobierno anunció el fin del TPS para más de 350,000 ciudadanos de Haití. Aunque reconocieron la crisis política y social en que vive el país caribeño, alegaron que mantenerlo era "contrario al interés nacional". Para las 11:59pm del 3 de febrero de 2026, los haitianos con TPS perderán este estatus que ha protegido a muchos de la deportación desde enero de 2010, hace más de una década.

A medidados de diciembre, el DHS también anunció el fin de los 'paroles' de reunificación para familiares inmediatos —padres, hijos, esposa, hermanos— de ciudadanos de Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití y Honduras. El Departamento de Seguridad Nacional dio como fecha límite el 14 de enero de 2026, a menos de que hubieran presentado una petición de ajuste de estatus antes del 15 de diciembre de 2025. Miles de personas más con estatus migratorio —aunque temporal— quedarán en riesgo de deportación.

Límites para la ciudadanía por nacimiento

Es un deseo del presidente republicano desde su primer mandato, sólo que entonces no prosperó.

De entrada a su segundo periodo presidencial reanudó la batalla para prohibir la ciudadanía para los niños nacidos de inmigrantes sin estatus migratorio permanente en Estados Unidos. Desde entonces cinco cortes le han dicho a Trump que no está en capacidad de acabar con un derecho que está consagrado en la Enmienda 14 de la Constitución.

Ahora, la disputa entró a la Corte Suprema, que aceptó revisar el caso en primavera de 2026, tras el pedido del gobierno. Se espera una sentencia definitiva a principios del verano de 2026.

Si el máximo tribunal le diera la razón a Trump en su apelación, daría un vuelco a más de 125 años de entendimiento de que la Enmienda 14 de la Constitución confirió la ciudadanía a todas las personas que nacen en suelo estadounidense, con excepciones muy limitadas para los hijos de diplomáticos extranjeros y los nacidos de padres miembros de una fuerza de ocupación extranjera.

Ampliación de las deportaciones expeditas y luz verde a los arrestos en "lugares sensibles"

El gobierno de Trump amplió en enero la autoridad de ICE para realizar deportaciones aceleradas, lo que abrió la puerta para que la agencia expulsara a cualquier persona con menos de dos años en el país sin que antes pudiera comparecer ante un juez de inmigración.

Además, puso fin a una política para evitar arrestos en “lugares sensibles”, incluidas escuelas, hospitales y lugares de culto.

En el caso particular de las escuelas, ante las redadas y tras el fin de esa política, muchas familias decidieron no enviar a los niños a clase. Para ese tiempo, varios reportes de universidades y académicos hablaban de una reducción de más de 20% en la asistencia escolar, particularmente en planteles del Valle Central de California. En el caso de las escuelas públicas de Chicago, la caída en la asistencia escolar fue de 1.25% en septiembre, el doble de la registrada en el mismo periodo dos años atrás.

Presión por más detenciones

En una tensa reunión a finales de mayo con agentes de inmigración, el consejero de Trump, Stephen Miller, y la secretaria de seguridad nacional, Kristi Noem, los presionaron para elevar a 3,000 los arrestos por día. Eso contaron fuentes anónimas a medios como Axios. Esa cifra triplicaba el número de detenciones diarias que alcanzaban para entonces.

Bajo la presión de mostrar números, los agentes arrestaron casi a cualquier persona que parecía inmigrante, incluidos ciudadanos estadounidenses de familias hispanas.

Uno de ellos fue Leonardo García Venegas. Y en su caso fue arrestado dos veces por agentes que irrumpieron en las obras de construcción en las que trabajaba. En ninguno de los dos encontronazos le mostraron órdenes judiciales con su nombre. En ambas, aunque dijo que era ciudadano estadounidense lo retuvieron por al menos una hora esposado hasta que verificaron que era cierto lo que decía.

Tras las dos detenciones, Venegas aseguró que tenía miedo de ir a trabajar. Su caso es una muestra del sentimiento que tienen más inmigrantes en Estados Unidos, incluidos residentes permanentes o ciudadanos: temen ser detenidos mientras trabajan. Este tipo de detenciones y la violencia de los operativos comenzaron a generar ausencias de empleados en distintas industrias y la denuncia de comerciantes para que cesaran las redadas en lugares de trabajo, algo que no ha pasado.

El gobierno además ha ampliado su capacidad de detenciones al habilitar a casi cualquier agencia federal en labores migratorias y al aumentar la cooperación con las agencias estatales a través de memorandos para que operen junto a ICE. Y este último punto Florida ha sido clave: no sólo tiene el mayor número de agencias locales trabajando con ICE, sino que abrió el primer centro de detención de inmigrantes del país operado por un estado y con la aprobación de Trump.

Este centro, conocido como 'Alligator Alcatraz', ha sido catalogado por congresistas como "un monumento de excesiva crueldad". Sobre él hay denuncias por el mal trato a los inmigrantes, torturas y por restringir el acceso de los detenidos a sus abogados.

Inmigrantes con procesos en curso arrestados y deportados

Entre las expulsiones a un tercer país conocidas, la más trascendente fue la de los 252 venezolanos trasladados a la cárcel de pandilleros de El Salvador, el Centro del Confinamiento del Terrorismo (Cecot). Esto pese a la orden de un juez para frenarlas —que llevó al gobierno a una investigación por desacato.

Abogados defensores de algunos de estos venezolanos contaron a Univision Noticias que muchos de ellos tenían procesos migratorios pendientes, como asilos que fueron cerrados por pedido del propio gobierno. Alegaban que ni siquiera se les dio la oportunidad de desafiar las expulsiones a El Salvador y que habían sido enviados a la cárcel de pandilleros sin el debido proceso.

Esto se ha repetido en más casos debido a la ampliación de las deportaciones aceleradas hacia inmigrantes en cualquier ciudad del país y que no pudieran demostrar su permanencia en EEUU por más de dos años. Decenas de cientos de inmigrantes han sido detenidos a la salida de sus audiencias en cortes de todo el país aunque sus peticiones aún no han sido decididas por un juez de inmigración.

Este tipo de arrestos a la salida de audiencias migratorias en cortes no eran frecuentes antes de 2025. Cuando ocurrían en el pasado, entre otras razones era porque las personas tenían casos criminales pendientes o tras audiencias en las que los jueces negaban una petición de asilo.

A raíz de la detención y deportación acelerada de inmigrantes en Estados Unidos, las organizaciones han comenzado a hablar de las nuevas separaciones de familias. En este mandato de Trump no están ocurriendo en la frontera. Los padres están siendo deportados a sus países de origen sin sus hijos, pese a que solicitan ser removidos en conjunto.

DHS endurece su enfoque hacia DACA

Para el 18 de septiembre, la organización United We Dream junto a una coalición autodenominada 'Nuestro hogar está aquí' había registrado el arresto de 19 beneficiarios de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), jóvenes que habían sido traídos a Estados Unidos por sus padres cuando apenas eran unos niños.

Un par de meses antes, una vocera de DHS había llamado a los beneficiarios de DACA a "autodeportarse" para que luego intentaran entrar de nuevo al país "por la vía legal". Aseguraba que no estaban "automáticamente" protegidos de la deportación.

Aunque no es un camino directo a la ciudadanía, ni siquiera a la residencia permanente, DACA —creado por el presidente Barack Obama en 2012— sí ofrece una protección temporal contra la deportación que los beneficiarios deben renovar cada dos años. También les da permiso de trabajo. Uno de los fundamentos de su creación fue proteger de la deportación a los niños elegibles.

Esto pasaba al tiempo que representantes de distintos sectores económicos pedían al gobierno de Trump —en distintas reuniones en la Casa Blanca y en el Congreso— que se avanzara en una reforma migratoria que les abriera un camino hacia un estatus migratorio permanente. Lo hacían por la importancia de este grupo de inmigrantes en el mercado laboral, en sectores como el de restaurantes, hotelería, tecnología, entre otros.

Durante su primer mandato en la Casa Blanca, Trump intentó sin éxito poner fin a DACA, alegando que era inconstitucional. La medida fue frenada por varias demandas. En 2020, la Corte Suprema dictaminó que el intento de eliminar el programa fue "arbitrario y caprichoso" y obligó a mantenerlo, mientras continuaba su periplo legal.

En este segundo mandato, Trump no ha intentado eliminar el programa pero sí ha dado pasos para reducir sus beneficios: los ha excluido del mercado federal de seguros médicos, como anunció en junio el Departamento de Salud y Servicios Humanos; también el Departamento de Educación busca excluirlos de las ayudas financieras universitarias.

Cambios al examen de ciudadanía

Un examen de ciudadanía más largo, investigaciones sobre el "carácter moral" de una persona con sus vecinos y mayores indagaciones de las redes sociales de los solicitantes.

Esos son algunos de los cambios anunciados por el gobierno desde agosto. Para entonces, USCIS anunció que reactivaría las "verificaciones vecinales" y que sus agentes debían verificar con los vecinos el carácter moral de algunas personas que soliciten la ciudadanía. Este es un paso que había quedado en desuso en 1991, pero que está contemplado en la Ley Nacional de Inmigración.

Más tarde, en septiembre, se anunció el nuevo examen de ciudadanía que se aplicaría a aquellos que introdujeran sus peticiones a partir del 17 de octubre de 2025.

Hasta ahora, para este examen el aplicante debía estudiar una guía de 100 preguntas sobre historia de Estados Unidos, las ramas del gobierno, la Constitución y sus enmiendas, entre otros temas. A partir de ahora, con el nuevo examen, la guía contempla 128. USCIS seleccionará una lista de 20 preguntas (antes eran 10) y la persona deberá dar 12 respuestas correctas (antes eran seis).

Freno temporal a ciudadanos de más de una decena de países

A inicios de diciembre, el presidente Donald Trump también ordenó pausar de forma inmediata "todos los trámites migratorios" pendientes en Estados Unidos para ciudadanos originarios de 19 países, que incluían a Cuba y Venezuela. La drástica decisión se tomó después del ataque de un asilado afgano a dos guardias nacionales en Washington DC en noviembre: uno de los guardias falleció.

Bajo el anuncio, los trámites afectados incluyen solicitudes de residencia permanente, que es la forma I-485; renovaciones de residencia, que es la planilla I-90; solicitudes para la remoción de condiciones en la residencia, que es la I-751; las ciudadanías y también los documentos para salida del país o viaje, que se hacen con la forma I-131.

En su memorando, USCIS además pidió pausar todas las solicitudes de asilo y de suspensión de la deportación, sin importar el país de origen, para someter a la persona a una revisión adicional.

Abogados consultados por Univision Noticias precisaron que el anuncio no debía entenderse como una cancelación de procesos, sino como una pausa, por ejemplo, en la emisión de citas o de documentos.

En las horas que siguieron al ataque en DC, USCIS anunció también que revisarían "cada 'green card' de cada extranjero procedente de cada país que genera preocupación".

El 16 de diciembre, la Casa Blanca expandió las prohibiciones de viaje completamente a cinco países más: Burkina Faso, Mali, Níger, Sudán del Sur y Siria. También anunció las restricciones totales de viaje para ciudadanos con documentos emitidos por la autoridad Palestina.

Añadió limitaciones parciales y de entrada para otros 15 países: Angola, Antigua y Barbuda, Benin, Cote d’Ivoire, Dominica, Gabon, Gambia, Malawi, Mauritania, Nigeria, Senegal, Tanzania, Tonga, Zambia, and Zimbabue.

Reducción drástica de permisos de trabajo para ciertos inmigrantes

A inicios de diciembre, USCIS anunció una reducción del periodo máximo de validez de las autorizaciones de empleo para ciertas categorías de inmigrantes. Con ella, redujo de cinco años a 18 meses el periodo.

La reducción a 18 meses afectó la vigencia máxima para el periodo inicial y renovaciones de los permisos de trabajo para inmigrantes admitidos como refugiados, quienes ya recibieron estatus de asilado o tienen aplicaciones pendientes; así como de inmigrantes a la espera de peticiones de protección contra la deportación, cancelaciones de remoción o protección bajo el Ajuste Nicaragüense y la Ley de Alivio Centroamericana.

En el caso de los beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS), el periodo inicial y de renovación de la autorización de empleo será de un año o se ajustará a la fecha de finalización del TPS, "lo que sea más corto".