Reportan que el Departamento de Justicia investigará casos de espionaje al Congreso en el gobierno de Trump
El Departamento de Justicia solicitó la apertura de una investigación interna luego de que se revelara que la administración del presidente Donald Trump colectó datos telefónicos de al menos dos representantes del Partido Demócrata en 2018, en medio de un esfuerzo por detener las filtraciones de información del gobierno que llegaban a medios información.
La vicefiscal de Justicia Lisa Monaco hizo la solicitud al inspector general del departamento, de acuerdo con reportes de varios medios de comunicación, como la agencia AP o el diario The Washington Post que hablaron con fuentes de manera anónim sobre este nuevo giro del caso que se reveló la noche del jueves en un trabajo de The New York Times.
El actual jefe del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representante, el demócrata Adem Schiff, y el representante Eric Swalwell recibieron notificación el mes pasado de que tres años atrás el Departamento de Justicia, que entonces manejaba Jeff Sessions, había solicitado a Apple la metadata de sus teléfonos, informaron ambos legisladores.
Aunque la investigación de posibles filtraciones es algo rutinario, el que una operación de ese tipo termine involucrando importantes miembros del Congreso es considerado inapropiado porque implica que el poder ejecutivo estuvo espiando a miembros de otro.
“(Es) el uso de las fuerzas de la ley como arma por parte de un presidente corrupto”, dijo Schiff, en referencia a Trump, con quien chocó durante sus cuatro años de mandado y lideró el equipo de congresistas que presentó la acusación contra el entonces presidente en su primer juicio político en el Senado en enero de 2020.
El viernes, los líderes parlamentarios demócratas exigieron que el exfiscal Sessions y su sucesor, Bill Barr, se presenten a testificar sobre el caso, al que califican como un “grotesco abuso de poder”.
En un comunicado conjunto, el líder de la mayoría en el Senado, Chuck Schumer, y Dick Durbin, jefe del Comité Judicial del Senado, dijeron que Barr y Sessions deben presentarse ante el comité y que, de negarse a hacerlo, serán citados formalmente.
Al menos 12 personas vinculadas al Comité de Inteligencia estuvieron bajo la mira del Departamento de Justicia y sus registros compartidos por Apple con los investigadores.
De acuerdo con la información suministrada por Apple a los congresistas, al menos un menor de edad estuvo entre el grupo de investigados
“La noticia de la politización del Departamento de Estado de la administración Trump es horrorosa”, dijo la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, en un comunicado en el que añadió: “Parece ser otro escandaloso asalto sobre nuestra democracia”
Brujas y obsesiones
Desde el inicio de su gobierno, Trump ordenó a sus subalternos a detener la hemorragia de filtraciones que estaba suministrado información confidencial a medios y congresistas, mientras su campaña estaba siendo investigada por posibles contactos con operarios rusos para afectar a Hillary Clinton en la campaña electoral de 2016 en el llamado ' Rusiagate'.
Por esos días, Trump, quien decía ser víctima de una “cacería de brujas”, ordenaba a su equipo identificar y detener a los filtradores de la información que casi cotidianamente aparecía en medios y que develaba procesos internos del gobierno o de su manera de manejar los asuntos públicos que muchas veces estaba reñida con la tradición democrática estadounidense y hasta con la legalidad.
Hasta ahora el Departamento de Justicia no ha informado oficialmente sobre el caso, del que se desconoce si fue manejado adecuadamente dentro de los parámetros legales y bajo la debida supervisión de un tribunal o si estuvo enfocado únicamente en políticos demócratas.
A principios de mes se supo que, bajo el gobierno anterior, el Departamento de Justicia obtuvo registros telefónicos de reporteros de The New York Times, The Washington Post y CNN, como parte de una investigación criminal sobre las filtraciones.
La indignación que surgió entre personas del medio y grupo que abogan por la libertad de expresión llevó al departamento a anunciar que dejaría de recurrir a la práctica de investigar a periodistas para rastrear sus fuentes de información cuando esta es objeto de una investigación.
