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Trump considera pedir más plazo para decidir qué hacer con DACA, el programa que protege a 800,000 dreamers

Faltando cinco días para que finalice el ultimátum fijado por 10 estados encabezados por Texas para que el gobierno elimine el programa, el mandatario revisa diversas opciones.
31 Ago 2017 – 12:15 PM EDT

El gobierno del presidente Donald Trump sigue revisando opciones sobre el futuro de la Acción Diferida de 2012 (DACA), a solo cinco días del vencimiento del ultimátum presentado en julio por los fiscales generales de 10 estados, encabezados por Texas y el gobernador de Idaho, para acabar con este sistema que protege de la deportación a cerca de 800,000 dreamers.

Entre ellas, el mandatario sopesa si los fiscales generales estarían dispuestos a extender su plazo del 5 de septiembre para la acción de Trump, según dos fuentes familiarizadas con el asunto, dijo la cadena CNN el jueves.

El domingo la Casa Blanca confirmó a Univision Noticias que el mandatario había solicitado informes al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) sobre DACA, pero que "todavía no había tomado una decisión" al respecto, dijo Helen Aguirre Ferré, portavoz para medios hispanos.

El miércoles Sarah Huckabee Sanders, secretaria de prensa de la Casa Blanca dijo que DACA aún está sujeto a un proceso de “revisión muy largo”, y que "es algo que sigue analizando y aún no se toma una decisión final”.

Trump anunció en febrero, durante una conferencia de prensa, que le resultaba difícil lidiar con el tema de DACA y esperaba hacerlo (y tomar una decisión) con el corazón, aunque no explicó si mantendría o no la Acción Diferida de 2012 y cumpliría la promesa que le hizo a sus electores durante la campaña de deportar a los 11 millones de indocumentados.

DACA fue anunciado el 15 de junio de 2012 casi al término del primer gobierno del presidente Barack Obama, en respuesta a la inacción del Congreso con el debate y aprobación de una reforma migratoria que sacara de las sombras a los indocumentados.

El programa, que desde un comienzo fue duramente criticado por los republicanos –porque se trató de una medida sin tener en cuenta la opinión del Congreso–, entró en vigor 60 días más tarde, el 15 de agosto. La Acción diferida concedía un amparo de la deportación y una autorización de empleo renovable cada dos años para indocumentados que llegaron a EEUU siendo niños.

Compás de espera

En el caso que Trump llegue a cancelar DACA, los casi 800,000 jóvenes protegidos por el programa quedarían sin protección de deportación y podrían enfrentar procesos de expulsión.

“Al cancelar el beneficio, también se cancelarían los permisos de trabajo, aunque algunos tengan una fecha de expiración posterior. No hay que olvidar que el permiso de trabajo es parte del beneficio migratorio”, dijo Ezequiel Hernández, un abogado de inmigración que ejerce en Phoenix, Arizona.

Agregó que la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) tendría que iniciar un proceso para pedirle a la USCIS todos los archivos de los “protegidos por el programa”.

Abogados consultados por Univision Noticias señalan que este trámite llevaría un proceso, y que no hay precedente para saber cómo se hace y qué harían las agencias al respecto.

“Nosotros ya nos estamos preparando para esta situación”, señala Cristina Jiménez, directora ejecutiva de United We Dream (UWD) en Nueva York. “Emprenderemos acciones legales para combatirlas. No vamos a permitir que la USCIS entregue nuestros datos a ICE para que el gobierno inicie procesos de deportación en nuestra contra. Cuando el gobierno de Estados Unidos recolectó nuestra información, nos aseguró que nunca la utilizaría para expulsarnos”.

Las advertencias de Trump

Desde el inicio de la campaña, a comienzos de junio de 2015, Trump advirtió que en un plazo de 180 días iba a deportar a los 11 millones de indocumentados. Luego cambió de idea y prometió que sólo deportaría a unos cuatro millones de indocumentados criminales.

Ya en la Casa Blanca, el magnate ajustó su discurso en relación con los dreamers, aunque mantuvo su guerra contra los indocumentados, de quienes dijo que eran criminales, violadores y traficantes de drogas, aunque había algunas “buenas personas”.


El ultimátum a Sessions

A principios de julio una decena de estados encabezados por Texas, le exigieron al fiscal general, Jeff Sessions, que cancelara DACA antes del 5 de septiembre la Acción Diferida de 2012 o de lo contrario demandarían DACA ante los tribunales de justicia.

El ultimátum fue firmado por el procurador general de Texas, Ken Paxton, junto a otros nueve fiscales generales y el gobernador de Idaho.

“Respetuosamente solicitamos que el secretario de Seguridad Nacional elimine gradualmente el programa DACA”, escribió Paxton en la misiva dirigida a Sessions. “Al igual que DAPA, DACA unilateralmente concede autorización para trabajar y presencia legal sin cualquier autorización legal del Congreso”.

El argumento de los detractores de DACA es el mismo utilizado por los republicanos en la demanda entablada el 3 de diciembre de 2014 cuando le pidieron a una corte de Brownsville, Texas, que detuviera la entrada en vigor de DAPA y una ampliación de DACA.

El fallo del tribunal de Brownsville fue dictado el 16 de febrero de 2015 en contra de DAPA. En los meses de marzo y noviembre de 2016 fue ratificado por la Corte de Apelaciones del 5to Circuito, y el 20 de junio la Corte Suprema no tomó decisión al respecto, manteniendo vigente la decisión de la primera corte, en Texas.

DACA en cifras

Al 31 de marzo, el gobierno había aprobado 799,077 solicitudes de DACA por medio del formulario I-821, según datos de la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS).

En ese período la agencia denegó 7,130 solicitudes y tenía pendiente de aprobación 78,454 peticiones.

Según la Casa Blanca de Obama, el programa tenía como objetivo beneficiar a 1.2 millones de dreamers que se encontraban de manera ininterrumpida en el país desde el 15 de junio de 2007, carecían de antecedentes criminales, tenían menos de 31 años y habían logrado un título de educación secundaria o se encontraban estudiando.

El gobierno federal estadounidense había advertido que DACA no proporcionaba estatus legal de permanencia, y que para salir del país los beneficiarios debían gestionar un permiso de viaje (parole) por lo menos con 120 días de anticipación.

Si bien el programa era gratis, los favorecidos, en cada inscripción, debían pagar por la obtención del permiso de trabajo y la toma de huellas digitales.

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