Inmigrantes indocumentados

Residentes legales que cometieron crímenes graves en el pasado están ahora más cerca de la deportación

Un fallo de la Corte Suprema de Justicia puso fin a una larga disputa jurídica con respecto a los inmigrantes con papeles que han sido convictos por faltas graves y años más tarde son detenidos para ser puestos en proceso de deportación. Este tema se convirtió en centro de debate a partir de la llegada de Trump a la Casa Blanca, cuando se comenzó a implementar su política migratoria de 'tolerancia cero'.
25 Mar 2019 – 4:04 PM EDT

Un reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia, que confirmó (5-4) el poder del gobierno de Donald Trump para arrestar a inmigrantes legales indefinidamente si tienen crímenes anteriores y además los convierte en inadmisibles, es decir que pueden ser deportados, tiene con los pelos de punta a miles de residentes permanentes.

El riesgo se incrementa para los inmigrantes con residencia permanente que tengan alguna falta grave en su historial, incluso si las condenas fueron dictadas y cumplidas hace mucho tiempo y rehicieron sus vidas, a sabiendas de que no calificaban para ningún otro beneficio migratorio, tal como la ciudadanía.

"Los más afectados por este fallo son los residentes legales permanentes", dice Lilia Velásquez, profesora adjunta de la facultad de Leyes de la Universidad de California, en San Diego. "En cuanto a los indocumentados, pues el dictamen no les impacta tanto porque este grupo de personas no tiene documentos y es muy difícil que el gobierno vaya a encontrarlas y deportarlas de Estados Unidos".

La decisión del máximo tribunal del país puso fin a una larga disputa jurídica con respecto a si los extranjeros con papeles que habían cometido crímenes y años más tarde eran detenidos por esa falta para ser puestos en proceso de deportación, pedían fianza, podían esperar en libertad la resolución de sus casos y luchar por permanecer en el país.

El fallo concluye la discusión jurídica del caso Nielsen vs. Preap basado en la interpretación de una ley de 1996. Pero se convirtió en centro de debate a partir de la llegada de Trump a la Casa Blanca en enero de 2017, cuando el mandatario comenzó a implementar su política migratoria de 'tolerancia cero'.

El nuevo escenario

En las últimas dos décadas hasta finales del gobierno de Barack Obama "una persona que vivía legalmente en el país y había cumplido su sentencia penal y el gobierno no la detenía para ponerla en proceso de deportación, quedaba libre. Y si con el paso del tiempo el gobierno la ubicaba y arrestaba, tenía derecho a una audiencia de fianza y salir libre para solicitar un beneficio que le permitiera quedarse, como una cancelación de deportación", explica Velásquez.

"Y podía hacerlo, aunque tuviera derecho y/o calificara o no para pedir y recibir un beneficio", añade.

La profesora expone que el fallo de la semana pasada plantea que ese individuo que reside legalmente en el país que cometió una falta grave que conlleva más de un año de cárcel no saldrá libre y es probable que tampoco tenga opciones de pelear su caso por el delito que cometió.

"Lo que debe quedar en claro es que tienen derecho a pelear su caso si tienen una cancelación de deportación aprobada. El dictamen no afecta el derecho a pedir un perdón para la cancelación de su deportación, pero hay que tener en cuenta que debido a la falta cometida puede que la persona se haya convertido en inadmisible", añade.

Cabe señalar que después del 30 de septiembre de 1996 las personas que han cometido crímenes graves no pueden pelear sus casos para detener una deportación, según Velásquez.

Los más afectados

No existen datos con respecto al número total de extranjeros residentes permanentes legales que han cometido delitos graves que conllevan una pena de prisión de más de un año y se encuentran libres tras cumplir sus condenas.

El 25 de enero de 2017, cuando Trump firmó las órdenes ejecutivas sobre la construcción del muro en la frontera con México y las jurisdicciones santuario, estipuló nuevas prioridades de deportación. Y simultáneamente el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) amplió la emisión de los llamados 'deteiners', con los que pide a las cárceles que mantengan a reos liberados por hasta 48 horas más del tiempo de condena mientras la agencia obtiene custodia de ellos.

Estas solicitudes son voluntarias cuando no se trata de un delito grave (de acuerdo a una lista que califica la gravedad de las faltas), por lo que las cárceles pueden dejar ir a la persona en contra de los deseos de la agencia federal migratoria.

Además, en muchas ciudades y condados santuario, las cárceles han dejado de cumplir los 'detainers', por lo que sus opositores critican que estas jurisdicciones liberan a los inmigrantes criminales en vez de entregarlos a ICE para ser deportados.

Esta guerra de posturas hace más difícil conocer el número total de inmigrantes legales con crímenes y sentencias cumplidas que han quedado libres. Pero según la base de datos del National Instant Criminal Background Check System (NCIS), que utiliza la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) para autorizar la portación de armas de fuego, al 30 de junio de 2017 había 3,633,100 individuos condenados por un delito punible por más de un año o un delito penal castigado por más de dos años. Pero la cifra no separa entre ciudadanos estadounidenses, residentes legales permanentes o extranjeros indocumentados.

Los inadmisibles

La decisión de los magistrados de la Corte Suprema refiere que los inmigrantes legales sujetos a ser deportados por causa de inadmisibilidad son todos aquellos cuyos crímenes están incluidos en la Sección 1182 del Código de Estados Unidos.

La lista, en general, incluye a cualquier extranjero condenado por, o que admita haber cometido, o que admite cometer actos que constituyen los elementos esenciales, por ejemplo, de un delito que implique depravación moral (que no sea un delito puramente político) o un intento o conspiración para cometer tal delito.

También incluye, entre otros:


  • Una violación de (o una conspiración o intento de violar) cualquier ley o reglamento de un Estado, Estados Unidos o un país extranjero relacionado con una sustancia controlada
  • Tráfico de drogas
  • Comisión de múltiples crímenes
  • Recibir múltiples sentencias
  • Ejercicio o comercio de prostitución
  • Cometer cualquier tipo de delito considerado "grave"
  • Funcionarios de gobiernos extranjeros que hayan cometido graves violaciones a la libertad religiosa
  • Tráfico de personas
  • Lavado de dinero
  • Acusados de espionaje
  • Terrorismo
  • Miembros del Partido Comunista
  • Miembros del Partido Nazi
  • Acusados por participación en actos de tortura y genocidio
  • Reclutadores de niños soldados

Los delitos graves

A la lista también hay que añadir "los delitos graves", dice José Guerrero, un abogado de inmigración que ejerce en Miami, Florida. Añade que la descripción de estas faltas se encuentra en la Sección 101 (a)(43) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA), siendo entre otras las siguientes:


  • Robo a mano armada
  • Asalto con agravante
  • Asesinato
  • Fraude por mas de 10,00 dólares
  • Lavado de dinero
  • Contrabando de personas
  • Tráfico humano
  • Pornografía infantil
  • Conspiración
  • Soborno comercial
  • Uso de documentos falsos
  • Tráfico de armas de fuego
  • Falsificación
  • Obstrucción de justicia
  • Secuestro
  • Recepción de propiedad robada
  • Sabotaje
  • Abuso sexual de menores
  • Evasión de impuestos
  • Tráfico de vehículos

La política migratoria de 'tolerancia cero' de Trump en 15 fotos

Loading
Cargando galería

Más contenido de tu interés