"Quedarán a la deriva": caravana pide al Congreso un estatus permanente para quienes perdieron el TPS

Activistas advierten que si el legislativo no actúa pronto, unos 300,000 niños y jóvenes estadounidenses quedarían huérfanos si deportan a sus padres.
25 Sep 2018 – 11:03 AM EDT

Un grupo integrado por al menos 40 inmigrantes y activistas miembros de la denominada “Caravanas por la Justicia”, llegó a Washington DC tras cruzar 32 estados a bordo de un autobús con el objetivo de pedirle al Congreso que apruebe una ley que otorgue estatus legal permanente a miles de indocumentados con Estatus de Protección Temporal (TPS) luego de que el gobierno de Donald Trump pusiera fin a esos programas.

“La caravana salió el 18 de agosto desde Los Ángeles y recorrió todo el país de costa a costa para crear conciencia y educar a la gente sobre la necesidad de que el legislativo debata una ley que le otorgue permanencia legal definitivas a más de 300,000 inmigrantes que perdieron sus protecciones”, dijo a Univision Noticias Abel Núñez, director ejecutivo del Centro de Recursos Centroamericanos (CARECEN).

“Junto con la Red Nacional de Jornaleros (NDLON) y la Alianza Nacional por el TPS, apoyamos esta iniciativa y pedimos, tanto a republicanos como demócratas en ambas cámaras del Congreso, que traten este asunto de forma urgente antes de que vayan venciendo las protecciones de nuestra gente”, agregó.


Las cancelaciones

El gobierno de Trump canceló entre finales del 2017 y principios de 2018 los TPS de Sudán, Haití, El Salvador, Honduras y Nicaragua, otorgándole a los beneficiarios del programa un plazo entre 12 y 18 meses para que se preparen a abandonar el país o buscar legalizar sus permanencias por cualquier otra vía legal.

También le pidió al Congreso que discuta y debata una solución legislativa, pero as la fecha no ha existido un acuerdo bipartidista que concluya con la aprobación de una ley.

“Si no les arreglan el estatus, más de 300,000 inmigrantes, algunos con más de 20 años viviendo en Estados Unidos, con familias establecidas e hijos estadounidenses, perderán sus protecciones y quedarán a la deriva”, advirtió Núñez.

De acuerdo con lo establecido por el gobierno de Trump en la cancelación de los TPS, la protección de Haití vence en julio del 2019, seguido por los programas de Nicaragua, El Salvador y Honduras, este último en enero de 2020.

El TPS protege de la deportación y otorga un permiso temporal de empleo que vence el mismo día del amparo.


La caravana

Durante el recorrido la caravana visitó unas 50 ciudades. El grupo estima que los poco más de 300,000 inmigrantes protegidos por el TPS son padres de unos 300,000 niños estadounidenses, quienes podrían quedar en la orfandad si sus padres son deportados o se ven obligados a marcharse de Estados Unidos.

La caravana ha convocado a una conferencia de prensa este martes en Washington DC para explicar la difícil situación que viven los inmigrantes afectados por las cancelaciones de los programas, y explicar los pasos que están dando en la Corte de Apelaciones del 9º Circuito, donde presentaron una demanda pidiéndole al tribunal que revierta las órdenes de Trump porque fueron basadas, argumentan, en racismo.

Durante la conferencia, los miembros de la caravana también compartirán experiencias y las consecuencias personales de la posible terminación de los programas.

En la demanda contra las cancelaciones de los TPS el grupo esgrime que Trump actuó motivado por el racismo, en violación de la Cláusula de Igual Protección.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha dicho que las condiciones que motivaron la protección humanitaria en Centroamérica y Haití “ya mejoraron lo suficiente como para cancelar los programas”.

El mismo argumento utilizó después para justificar las cancelaciones de los TPS de Haití, Honduras y El Salvador.


Daños incalculables

En octubre del año pasado el Center for American Progress (CAP) dijo que la cancelación de los TPS de El Salvador, Honduras, Nicaragua y Haití afectará a unos 300,000 niños y jóvenes estadounidenses que podrían quedar sin el cuidado de sus padres al perder estos el amparo que los protege de ser deportados.

Se trata de ciudadanos de hogares mixtos cuyos padres, al perder los beneficios del programa, podrían quedar al borde de ser deportados de Estados Unidos si el gobierno cumple sus amenazas de poner fin al programa humanitario, agregó.

El TPS a El Salvador fue aprobado en 2001 tras los terremotos del 13 de enero y el 13 de febrero de ese año, mientras que la protección a Honduras y Nicaragua fue concedida tras el paso del huracán Mitch por Centroamérica a finales de octubre de 1998.

“Separar a las familias y deportar al principal sostén del hogar puede llevar a las familias inmigrantes a una profunda turbulencia emocional y económica: remover a los residentes sin autorización de los hogares con estatus mixto, podría reducir el ingreso medio anual de esos hogares en casi un 75%, de $33,000 a $9,000”, agregó.

Indicó además que “el miedo y la ansiedad que los niños están sintiendo a causa de las políticas de inmigración del presidente Trump no se desvanecerán cuando una nueva administración asuma control. Las experiencias actuales de esta generación de niños seguirán afectándolos por el resto de sus vidas”.

“Es crítico que el gobierno considere cuidadosamente el verdadero derroche de una agenda de deportación masiva. Mientras tanto, todos tienen el deber de fomentar un ambiente de apoyo para todos los niños, independientemente del estatus migratorio de su familia”, concluyó.


En fotos: Salvadoreños en Washington protestan la cancelación del TPS

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