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Por “inexplicables” e “ilegal” organizaciones piden a corte que frene el aumento de tarifas de inmigración

Los demandantes alegan que las nuevas tarifas, que entran en vigor en octubre, se trata de un alza “dramática” considerando que un elevado número de inmigrantes son personas de bajos recursos.
21 Ago 2020 – 01:15 PM EDT
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Un grupo de organizaciones conformada por abogados y grupos que defienden los derechos de los inmigrantes solicitó a la Corte de Distrito del Norte de California, en San Francisco, que detenga el aumento de las nuevas tarifas del servicio de inmigración que entrará en vigor el 3 de octubre.

Los nuevos precios fueron publicados el 31 de julio en el Registro Federal. De acuerdo con la lista, el mayor incremento se registra en el formulario I-881 (Suspensión de deportación) que aumenta de $285 a $1,525 (un alza del 535%). En cuanto al formulario I-589, utilizado para pedir asilo, que hasta ahora no tiene cobro, tendrá una tarifa de $50.

Si bien el aumento promedio anunciado por la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración es de 30%, los demandantes argumentan que se trata de un alza “dramática” considerando que un elevado numero de inmigrantes que serán impactados se trata de personas de bajos recursos.

La demanda fue presentada por el Centro de Recursos Legales para los Inmigrantes, el East Bay Sanctuary Covenant, la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes, la Red Católica de Inmigración (que brinda servicios a nivel nacional), el Comité Internacional de Rescate, OneAmerica, el Asian Counseling and Referral Service y la Coalición por los Derechos de los Inmigrantes y Refugiados de Illinois.

Los argumentos

La demanda argumenta que la nueva tarifa para la naturalización (formulario N-400) de los $640 actuales a $1,170 (81%) impedirá que muchos residentes legales permanentes que reúnen los requisitos no puedan pagar la tarifa, y que lo mismo sucederá con los solicitantes de asilo, quienes deberán pagar una cuota de $50 más otros $80m por la toma de huellas digitales biométricas, siendo que, hasta ahora, desde que fue aprobada la Ley de Refugiados en 1980 no pagaban ni un solo centavo por razones humanitarias.

El costo del procesamiento de asilo se financia con el resto de los trámites y beneficios que brinda la agencia.

Los demandantes también alegan que la regla final que estipula las nuevas tarifas de la USCIS es “ilegal” porque fue propuesta por el entonces secretario interino del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Kevin McAleenan y emitida bajo el mando del secretario en funciones Chad Wolf, quienes asumieron sus cargos “sin autoridad constitucional o estatutaria”, de acuerdo con un reporte de la Oficina de Responsabilidad del Gobierno (GAO) emitido la semana pasada y que fue solicitado por el Congreso.

El infiorme indica que tras la renuncia de la secretaria Kirstjen Nielsen, en abril de 2019, se produjo una sucesión indebida cuando se nombró a Kevin McAleenan para reemplazarla en el puesto. Y añade que McAleenan luego alteró el orden de sucesión para que otros funcionarios lo sucedieran después de su renuncia al cargo, en violación a lo que indica la Ley de Constitución del DHS (Homeland Security Act of 2002 -HSA).

Las conclusiones de la GAO ponen enduda las decisiones tomadas por los secretarios cuestionados y recomendó al Congreso que pida una investigación a la oficina del Inspector General del DHS (IGDHS). El DHS, a su vez, respondió que el informe de la GAO se trataba de un producto "descaradamente partidista" que debía ser "rescindido".

Otros alegatos

Los demandantes también alegan que la propuesta de tarifas de la USCIS “no proporciona ninguna explicación convincente del cambio dramático en las necesidades financieras” de la agencia” y tampoco explica “por qué proyecta un déficit presupuestario masivo a pesar del historial de funcionamiento con superávit con importantes reservas de efectivo”.

“La regla final abandona la práctica anterior de utilizar un modelo de capacidad de pago y pretende adoptar un modelo de "el beneficiario paga" que el DHS llama más ‘equitativo’. Pero simplemente etiquetando una práctica ‘equitativa’ no constituye una respuesta razonada a comentarios que expliquen de manera convincente la inequidad de los aumentos de tarifas y eliminación de exenciones de tarifas en la regla final”, señala la demanda.

En mayo la USCIS le pidió al Congreso que apruebe un presupuesto de emergencia reembolsable por $1,200 millones que se pagaría con el aumento de tarifas. De lo contrario, amenazó con suspender temporalmente el 70% de su planilla (13,400 empleados) a partir del 30 de agosto.

Los demócratas del Congreso respondieron que el servicio de inmigración tiene suficientes recursos para pagar al personal hasta finales del año fiscal 2020 (30 de septiembre) y aún así registra un superávit financiero que no afecta el pago de salarios ni de servicios.

La USCIS dijo esta semana a Univision Noticias que, si el Congreso no le proporciona los fondos de emergencia, ejecutará la suspensión temporal de trabajadores. Y que el 28 de julio avisó a 13,400 empleados y agentes que se irán a casa si el legislativo no proporciona los recursos solicitados en mayo.

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