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ICE no prorrogará las deportaciones suspendidas en los últimos 20 años

Más de 350,000 casos de deportaciones frenados por los jueces de inmigración están siendo revertidos tras orden del gobierno de Trump emitida en mayo del año pasado.
26 Mar 2019 – 11:58 AM EDT

La inmigrante hondureña Milagro Castillo no pierde la esperanza de que su esposo, Denis Javier Funes, sea liberado por la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) y regrese a casa para seguir criando a sus cuatro hijos estadounidenses, tres de ellos con necesidades especiales.

“Él está en estos momentos en el centro de detención en Broward” (ubicado al norte de Miami, Florida), cuenta Castillo entre sollozos. “Primero lo tenían en (el centro de detención de) Krome (en Homestead, sur de Miami), pero lo cambiaron de cárcel. Él tenía una protección para no ser deportado, pero ahora ICE no lo quiere soltar porque lo quieren enviar para Honduras. Pero él no puede irse porque nosotros, su familia, estamos aquí y lo necesitamos para salir adelante”.

“Y yo también tengo la misma protección que mi esposo y no sé si cuando me presente para la próxima cita me van a hacer lo mismo, dejarme detenida para que me vaya para mi país. Imagínese qué harían mis hijos sin nuestros cuidados”, añade.

La protección mencionada por Castillo se conoce como Perdón Administrativo Provisional de Deportación (Stay of Removal), una discreción que los jueces de inmigración ejercen cuando se trata de inmigrantes que llevan tiempo en el país, no se encuentran en la lista de prioridades de deportación y no representan una amenaza para la seguridad pública y nacional de Estados Unidos, como el caso Funes.

Pero el 18 de mayo del año pasado el entonces fiscal general, Jeff Sessions, dispuso que la práctica del “cierre administrativo”, que los jueces hacen desde 1980, carece de base legal, medida que de uh plumazo reabrió más de 350,000 casos que se sumaron a los más de 800,000 expedientes atascados en las cortes de inmigración.


“Mala suerte”

Castillo dice que la odisea con ICE comenzó el 9 de septiembre de 2011, “el mismo día que una de mis hijas cumplió 1 año. Fue pura mala suerte. Veníamos con mi esposo en la camioneta después de ir a la Iglesia cuando pasamos por un retén de ICE en plena calle y nos agarraron. Mi esposo andaba manejando. Nos metieron en un shopping (centro comercial) y ahí fue donde caímos. Veníamos solo nosotros dos”.

El matrimonio fue detenido y procesado. Pero cuando las autoridades de ICE supieron que eran padres de cuatro hijos menores de edad ciudadanos estadounidenses, tres de ellos con necesidades especiales, fueron liberados mientras continuaban sus casos de deportación.

“Tenemos cuatro niños, tres de ellos con necesidades especiales”, explica Castillo. “Una niña de 12 años, otro autista de 8, otro con depresión e intento de con intento de suicidio, que tiene 11 y la más pequeña de 7 que también requiere cuidados. Nosotros entramos en el 2004 y todos mis hijos nacieron aquí, en Estados Unidos”.


Bajo presión

Castillo dice que su esposo ha sido presionado varias veces “para formar la orden de salida voluntaria, pero no lo hace porque quiere estar con su familia”.

“A él lo desnudaron y lo pusieron en un cuarto frío. Ahora está enfermo debido a eso. Él sufre de las vías respiratorias, sabe. La trabajadora social le dice que llora mucho. Lo quisieron obligar a que firmara la salida voluntaria. Denis no sabe ahora qué va a pasar. Y tengo miedo porque yo también tengo una orden de deportación”, señala.

La inmigrante cuenta además que “nosotros salimos en el 2004 salimos porque mi esposo quería darnos una vida mejor. Allá sufríamos mucho económicamente y quería sacharnos adelante a nosotros. Pero cuando nos agarraron en esa redada nos dijeron que no aplicábamos para ninguna ley. Pero como no teníamos crímenes y éramos padres de ciudadanos, nos dieron la protección que renovamos cada año”.

Los inmigrantes beneficiarios del ‘stay of removal’ reciben, además, una autorización temporal de empleo que se renueva junto con el freno provisional de deportación.


Medida “inhumana”

Para la Organización Hondureña Francisco Morazán, en Miami, la decisión tomada por el gobierno de Trump el año pasado, de suspender y cancelar los ‘cierres administrativos’ se trata de una medida “inhumana”.

“Ellos no están amparados por el Estatus de Protección Temporal (TPS) ni ningún otro beneficio. Pero son padres de niños americanos. Por eso decimos que esta decisión que están tomando es triste. Lo lamentamos mucho porque estas personas no tienen crímenes, son inmigrantes padres de niños con necesidades especiales”, dice Francisco Portillo, director ejecutivo de la organización.

Ángel Leal, abogado del matrimonio, dijo que “cuando antes existía la discreción procesal, existía una eventual solución que daba a ciertos inmigrantes la oportunidad de permanecer bajo orden de supervisión hasta que existiera una vía legal para la permanencia permanente. Pero este gobierno no tiene paciencia y técnicamente para esta familia no existe un recurso inmediato para reabrir su caso y por eso son deportables”.

Para cuando uno de los hijos estadounidenses cumpla 21 años, podrá pedir la residencia de los padres. La ley actual indica que, junto con este trámite, de deben pedir dos perdones para que el indocumentado que entró sin inspección al país (EWI), pueda salir, hacer el trámite consular, evitar la denominada Ley del Castigo o de los 10 años, recibir una visa de inmigrante y regresar a Estados Unidos para recibir la green card.

“Pero como le dije, este gobierno no tiene la paciencia de permitir que las personas sin antecedentes criminales usen la vía legal para permanecer en Estados Unidos”, reitera Leal.


La postura de ICE

ICE reitera que “es importante tener en cuenta cualquier reclamo relacionado con el arresto de una persona durante una cita, aunque se trate de una petición I-130 (ajuste de estatus a residente legal permanente), no le permitirá obtener un estado legal, no sería correcto”.

Y previene que los ciudadanos extranjeros presentes ilegalmente en el país “no son elegibles para ajustar su estado sin antes salir del territorio estadounidense”, un paso que activa inmediatamente la Ley del Castigo.

La Ley del Castigo, aprobada por el Congreso en 1996, señala que si un extranjero permanece indocumentado por más de 180 días, debe salir del país y podrá regresar dentro de tres años, y si la permanencia pasa de 365 días, el castigo se eleva a 10 años.

Respecto a las personas que ingresan ilegalmente a Estados Unidos sin inspección (EWI) o libertad condicional (entrada sin visa otorgada en una oficina consular en el extranjero o inspección en un puerto de entrada autorizado) "se consideran inadmisibles conforme a la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA)", precisa el Foro Nacional de Inmigración (NIF) en su página digital.

“Para ser admisible, la ley requiere una entrada legal en los Estados Unidos después de la inspección y autorización de un agente de la Oficina de Inmigración y Control Fronterizo (CBP)”, agrega la entidad defensora de los derechos de los inmigrantes con sede en Washington DC.

Señala además que las personas que son inadmisibles no son elegibles para recibir visas. Y que la entrada al país sin inspección “es solo uno de varios motivos que pueden hacer que una persona sea inadmisible” para recibir cualquier tipo beneficio migratorio, prohibición que lamentablemente afecta el futuro de Lemus.

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