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Los obispos católicos critican la política migratoria de Trump por poner en peligro la vida de los "más vulnerables"

La Conferencia de Obispos Católicos cuestiona los memorandos del Secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que regulan las redadas y deportaciones masivas ordenadas por Trump el 25 de enero.
26 Feb 2017 – 11:21 AM EST

Los obispos católicos de Estados Unidos cuestionaron los memorandos del secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), John Kelly, que contienen el reglamento para la ejecución de la política migratoria del presidente Donald Trump, y aseguraron que ponen en “peligro la vida y la seguridad de los más vulnerables entre nosotros”.

“Somos conscientes de la importancia de garantizar la seguridad pública y daríamos la bienvenida a medidas razonables y necesarias para hacerlo”, dijo Joe S. Vásquez, obispo de Austin, Texas, y presidente del Comité de Inmigración de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos (USCCB). Sin embargo, los dos memorandos, en caso de aplicarse, "perjudicarán la seguridad pública en lugar de potenciarla".

El 25 de enero Trump firmó dos órdenes ejecutivas, una relacionada con la construcción del muro en la frontera con México y otra sobre las ciudades santuario. En ambas ordenanzas el mandatario decretó que la inmigración indocumentada constituye una amenaza para la seguridad nacional y pública, y para solucionarlo ordenó redadas y deportaciones masivas.


Danza de números

El mismo mandatario dijo durante su campaña que deportaría a unos seis millones de indocumentados, de ellos dos millones con antecedentes criminales, y otros cuatro millones que entraron legalmente, pero se quedaron más allá del término permitido por sus visas.

Pero esta semana el vocero de la Casa Blanca, Sean Spicer, dijo durante su acostumbrada rueda de prensa que las deportaciones no serían masivas, y que el número de deportados con antecedentes criminales era de un millón “que representan una amenaza para este país”.

Durante los dos gobiernos de Barack Obama (2009-2017) el DHS deportó a más de 2.7 millones de inmigrantes indocumentados. En promedio, el 43% de los expulsados no tenía antecedentes criminales. Las organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes han reiterado que entre seis a siete de cada diez deportados no constituían una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos.


La preocupación, en aumento

Bajo el gobierno de Trump, sin embargo, las preocupación entre los inmigrantes ha aumentado: no sólo los memorandos advierten redadas masivas, sino que las prioridades de deportación aumentaron y colocaron a los 11 millones de extranjeros sin papeles en la lista.

Las más golpeadas por esta nueva política “serán las familias innecesariamente separadas”, dice el Obispo Vásquez. Y añade que las medidas de Trump “pondrán de cabeza a comunidades pacíficas, en peligro la vida y seguridad de los más vulnerables entre nosotros, y aumentará la desconfianza que actualmente existe entre las comunidades de inmigrantes y los departamentos de policía. Están sembrando el miedo”.

Los obispos estadounidenses dicen que los memorandos de Kelly, además, eliminan protecciones importantes para las poblaciones vulnerables, “incluidos los niños no acompañados y solicitantes de asilo”. Y señalan también que el gobierno de Trump ha expandido la militarización de la frontera con México.

“Todas estas medidas, en su conjunto, constituyen el establecimiento a gran escala de un sistema que ha puesto, prácticamente, a los 11 millones de indocumentados dentro de las prioridades de deportación”, apuntó Vásquez.


La fuerza nacional de deportaciones

La Iglesia Católica estadounidense también criticó la invocación de la Sección 287(g) de la Ley de Inmigración, que le permite al gobierno federal entablar acuerdos con los estados y jurisdicciones municipales para que sus policías actúen como agentes de inmigración y arresten a indocumentados.

Estos acuerdos “no tienen en cuenta las relaciones existentes de confianza entre las policías locales y las comunidades inmigrantes. El acoplamiento de la policía local para hacer cumplir las leyes federales de inmigración puede socavar la seguridad pública, haciendo que muchos de los que viven en las comunidades de inmigrantes tengan miedo de cooperar con el cumplimiento de la ley en sus localidades, tanto en informar como en la investigación del crimen”, agregó.

“Insto al gobierno a reconsiderar el enfoque contenido en estos memorandos y en las órdenes ejecutivas migratorias, ya que han colocado a los inmigrantes que de por si son vulnerables en un estado de mayor riesgo”, dijo Vásquez. “Nos mantendremos firmes en nuestro compromiso de cuidar y respetar la dignidad humana de todas los inmigrantes, independientemente de su estatus migratorio”, señaló.


Reforma migratoria

A finales de enero, pocos días después de que Trump firmara las órdenes ejecutivas migratorias, entre ellas el veto a siete países de mayoría musulmana, la USCCB criticó las medidas que tildó de inhumanas.

“Nuestra misión es clara: estamos llamados a escuchar el lamento del pobre y estamos llamados a abrir nuestras puertas al extraño que llama, y a buscar el rostro de Cristo que viene a nosotros en el inmigrante y el refugiado”, escribió en un artículo monseñor José Gómez, arzobispo de Los Angeles, California, y vicepresidente de la Conferencia.

Gómez dijo además que “no parece haberse pensado mucho” en la legalidad de los decretos del presidente Trump, “o en explicar su razón de ser o considerar las consecuencias prácticas para millones de personas aquí y en todo el mundo”.

“En el nombre de mostrar inflexibilidad y determinación, estamos comunicando al mundo una dura indiferencia”, lamentó el religioso. Y dijo que el problema de la inmigración indocumentada no se arreglará con órdenes ejecutivas, sino con una reforma migratoria en el Congreso.

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