Jueces exigen que la reforma migratoria de Biden contemple la independencia de las cortes
Los jueces de inmigración están advirtiendo al gobierno de Joe Biden que su plan de reforma migratoria está incompleto porque “no incluye” una reforma a fondo de la Oficina de Revisión de Casos de Inmigración (corte de Inmigración, EOIR), que opera bajo el mando del Departamento de Justicia (DOJ).
El proyecto integral anunciado recientemente “incluye numerosas propuestas para reformar el sistema de inmigración”, dice la Asociación Nacional de Jueces de Inmigración (NAIJ) en un informe. Sin embargo, la iniciativa “no incluye reformas estructurales críticas a los tribunales de inmigración de nuestro país”, añade.
El 20 de enero, día de la toma de posesión de Biden, la Casa Blanca anunció un ambicioso plan que incluye un camino a la ciudadanía para la mayoría de los 11 millones de indocumentados que viven en Estados Unidos, quienes primero optarán por una residencia provisional durante cinco años al término de los cuales podrán acceder a la Green Card (tarjeta verde).
Tres años después de recibir la residencia legal permanente calificarán para solicitar la ciudadanía.
Urge independencia
La Asociación señala que el plan de Biden debe incluir con urgencia “una Corte de Inmigración independiente” y no seguir operando como “un componente del Departamento de Justicia”.
La NAIJ explica que uno de los mayores problemas que enfrenta la Corte de Inmigración es la “politización” del cargo de director que, a pesar de tratarse de un cargo de carrera, durante el gobierno de Trump se nombró por “razones políticas”.
En la actualidad la EOIR está compuesta por aproximadamente 500 jueces de primera instancia y 23 jueces de apelaciones de inmigración, que a veces son miembros de la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA).
Los jueces advierten que “las decisiones de la BIA pueden crear un precedente vinculante para los tribunales de inmigración en todo el país”, y que las regulaciones puestas en vigor en el último año y que norman el debido proceso, fueron promulgadas por el recientemente director de la EOIR, quien no está obligado a ser juez o incluso abogado y que ahora tiene la autoridad para emitir sus propias decisiones precedentes”.
Otras preocupaciones
A los jueces también les inquieta la autoridad del fiscal general, quien puede “emitir decisiones precedentes” y anular tanto decisiones que toma el director de la Corte de Inmigración como la Junta de Apelaciones”.
“En su forma actual, los tribunales de inmigración pasan de una prioridad política a otra cada vez que asume una nueva administración, paralizando con ello su eficiencia y afectando el debido proceso”, indica.
El informe explica que durante el gobierno de Barack Obama (2009-2017) los tribunales de inmigración “fueron armados para priorizar la aplicación de la ley de inmigración”. Pero bajo el gobierno de Trump (2017-2021) se priorizaron políticas del gobierno de turno, entre ellas “la producción de cuotas” que cada juez debe manejar por año para acelerar los procesos.
“Bajo estas cuotas y plazos los jueces que no cumplieron con el cierre de 700 casos por año o concedieron demasiados aplazamientos, pusieron en riesgo sus trabajos”, subraya el reporte. “El sistema de evaluación incentivó —incluso requirió— que los jueces tomaran atajos, negaran aplazamientos y ordenaran deportaciones” con tal de cumplir con las exigencias del Ejecutivo.
La NAIJ dice que la “usurpación de la independencia judicial” de la Corte de Inmigración “ha sido grave” y que el gobierno de Trump “despojó a los jueces de inmigración de herramientas para administrar sus propios expedientes, y ejerció un control centralizado a través de un equipo de jueces supervisores recientemente contratados, muchos sin experiencia judicial previa”.
Debido proceso
Los jueces de inmigración le recuerdan al gobierno de Biden que bajo Trump se les “prohibió” cerrar casos administrativamente y se les “obligó” a que barajaran sus expedientes para priorizar casos en función de la “prioridad política” en lugar de la “eficiencia judicial”.
“Los principios de una gestión judicial eficaz no siempre coinciden con una perspectiva de ejecución, razón por la cual ningún tribunal penal permitiría al departamento de policía, por ejemplo, controlar su expediente”, anotaron.
Mencionan además que “la estructura actual de la EOIR hace precisamente eso, contaminando la neutralidad de las decisiones de gestión del tribunal” y concluyen que la gestión de la Corte de Inmigración “se centró en hacer cumplir la política de deportaciones del gobierno y no proporcionó la infraestructura judicial básica necesaria para operar un tribunal”.
En el documento los jueces explican que el gobierno debe atender y tomar en cuenta que la Corte de Inmigración tiene acumulados más de 1.3 millones de casos y hay menos de 550 jueces. “Eso deja un promedio de más de 2,600 casos pendientes por juez, en comparación con un promedio de 440 por juez de un tribunal de Distrito”.
La solución, puntualizan, pasa por la independencia de la Corte, la asignación de recursos, el nombramiento de nuevos jueces y el establecimiento de un sistema de justicia “trasparente”.
