Estafa y Fraude

"Pagamos justos por pecadores", la queja de los consultores de inmigración en California en riesgo de extinguirse

Una propuesta de ley que ya fue aprobada por la Asamblea estatal pide que se prohíban los servicios de los consultores de inmigración y que solo los abogados realicen estos trámites, incluso los más sencillos.
7 Jul 2017 – 12:38 PM EDT

LOS ÁNGELES, California.- Tratando de cortar de raíz los fraudes migratorios, una propuesta de ley en California pide prohibir los servicios de los consultores de inmigración, pero ese gremio afirma que se eliminaría una opción para las personas de bajos recursos y reclama que los están "criminalizando" por casos ajenos.

La medida AB 638, presentada por la asambleísta estatal Anna Caballero, eliminaría la figura de los consultores de inmigración, dejando únicamente a los abogados y representantes acreditados del Departamento Federal de Justicia (DOJ) todos los trámites migratorios, incluso los más sencillos, como la renovación de residencias permanentes, aplicaciones de ciudadanía y peticiones familiares.

Dicha iniciativa ya fue aprobada por la Asamblea estatal y será debatida el 11 de julio en el Comité Judicial del Senado.

Quienes impulsan esta propuesta, entre los cuales se encuentran las organizaciones Coalición Pro Derechos de los Inmigrantes en Los Ángeles (CHIRLA) y el Centro de Recursos Centroamericanos (CARECEN), subrayan que así se evitaría que durante la administración Trump ocurran tipos de fraude que incluso pondrían en riesgo de deportación a los indocumentados.

"El término de 'consultor de inmigración' es sumamente engañoso, porque se le prohíbe brindar asesoría migratoria, pero el término dice que puede hacer consultas y las consultas más básicas son si califico o no para un proceso", indicó Daniel Sharp, director legal de CARECEN.

Univision Noticias reportó a principios de junio que en California se registra un aumento en casos de fraude migratorio, entre los cuales se incluye la venta hasta por 1,000 dólares de supuestas tarjetas anti-deportación , personas sin licencia que asesoraban legalmente y falsos agentes federales que prometían la legalización. Abogados alertaron de consultores de inmigración que dejaban trámites inconclusos.


"Pagamos justos por pecadores"

Varios consultores migratorios del sur de California se han unido para evitar su extinción y planean viajar a Sacramento este martes para pedir a los senadores que desechen la AB 638. Su principal argumento es que ellos brindan un servicio a bajo costo, que no usurpan las funciones de un abogado y que cumplen con una serie de regulaciones, entre las cuales se encuentra pagar un seguro de 100,000 dólares.

El gremio alega que los están comparando con los llamados notarios, quienes han estafado a miles de inmigrantes a lo largo de los años, resultando en graves consecuencias, como deportaciones.

"Estamos pagando justos por pecadores", dijo Lupe Gómez, activista y consultor de inmigración que trabaja desde hace más de una década en la ciudad de Santa Ana, en el condado de Orange.


"Nosotros ayudamos a la gente a llenar documentos, no damos consejos legales. Por las renovaciones de residencias permanentes cobramos 60 dólares, pero van con un abogado y les cobran 500 dólares", señaló Gómez. "Esto va a afectar a las madres solteras, a los ancianos, a los que no pueden pagar por los servicios de un abogado", añadió.

Gómez mencionó que si la AB 638 entra en vigor el 1 de enero de 2019, como se propone, él tendría que despedir algunos de sus ocho empleados y sobrevivir solo de la preparación de impuestos.

"Así como criminalizan a los indocumentados lo están haciendo con los que estamos ayudando a la gente y cumpliendo con la ley. Nosotros no tenemos nada que esconder. Esto es una injusticia", alega.

Una figura creada en 1986

La autora de la AB 638, la asambleísta demócrata Anna Caballero, representante de Salinas, indicó que su intención es regular a los proveedores de servicios migratorios, agregar protecciones a los consumidores y defender a la comunidad inmigrante.

"La ley de inmigración debe ser manejada por aquellos que entienden la ley y han sido entrenados para que puedan llenar documentos correctamente y representar adecuadamente a sus clientes", señala ella.


Angélica Salas, directora ejecutiva de CHIRLA, resaltó que los "malos consejos" de los consultores de inmigración han abonado a una crisis migratoria acentuada durante el gobierno de Trump.

"En un momento en que nuestra comunidad necesita urgentemente una asesoría legal confiable, a bajo costo y actualizada, nos preocupa una creciente industria de consultores de inmigración que puede significar perjudicar seriamente a nuestra comunidad", señaló Salas.

La figura del consultor de inmigración se estableció tras la amnistía migratoria de 1986, para facilitar las aplicaciones de 2.7 millones de indocumentados que solicitaban legalizarse durante la presidencia de Ronald Reagan.

"Llenaban una forma sencilla, pero ahora los procesos son más complicados y las consecuencias por hacerlo mal son mucho más graves", dijo Sharp, el director legal de CARECEN.

Sharp afirmó que "un gran porcentaje" de consultores migratorios "causan problemas" y mencionó que la mayoría cobran cuotas casi similares a los abogados. Y cuando los casos salen mal, indicó, el costo se dispara.

"Pierden lo que les pagaron, caen en manos de ICE (la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas) y luego tienen que buscar a un abogado para que los saquen del problema. Todo eso es lo que queremos evitar", advierte el abogado de CARECEN.


En fotos: Un día en la rutina de arrestos de ICE en la era de Donald Trump

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