Para los indocumentados, pagar una fianza de $4,000 o $28,000 depende del juez que les toque

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Fernando está pagando su sueño americano en cuotas de $700 por mes. Eso es la mitad del salario que gana como bodeguero en Los Ángeles. La otra parte es lo que tienen para sobrevivir él y su familia.

En 2016, la violencia lo obligó a dejar El Salvador para venir con su esposa embarazada, sin papeles, a Estados Unidos, pero Inmigración los arrestó en Texas. Salió libre después de pagar una fianza de $12,000 que le impuso la corte. Tuvo que pedir el dinero prestado a varios tíos y primos, solo así podía trabajar y enfrentar el proceso de deportación en libertad.

El impacto económico de esa carga en las finanzas de su familia es muy pesado, especialmente porque no es la única deuda que arrastra Fernando (por miedo nos pidió utilizar un nombre ficticio). También le entregó $6,000 a un coyote para cruzar la frontera y debe guardar $5,000 para el abogado que tramita su solicitud de asilo. En total debe $23,000.

Por eso, tuvo que buscar un segundo empleo en una fábrica de galletas. Ahora trabaja de 4 de la mañana a 10 de la noche, los siete días de la semana. “Tenemos que vivir casi esclavizados”, cuenta.

Fernando es el rostro de un problema que enfrentan miles de inmigrantes cuando llegan al país de forma ilegal y son detenidos. Dependen en gran parte de su suerte, pues según sea la corte donde los llevan y el juez que recibe el caso, así serán las posibilidades de obtener una fianza, y el monto que deben desembolsar para pagarla.

El sistema judicial migratorio de Estados Unidos no tiene parámetros claros que obliguen al juez a tomar en cuenta las circunstancias personales o la capacidad de pago de los indocumentados cuando deciden el monto de sus fianzas. En la ecuación entran en juego otros factores como los prejuicios y la ideología de los jueces, que en algunos casos podrían estar alineados con sentimientos racistas o antiinmigrantes.

Un análisis realizado por Univision Data con 8,000 fianzas procesadas desde enero del 2016 a marzo del 2017 en cuatro ciudades con alta presencia de inmigrantes –Miami, San Francisco, Chicago y Los Ángeles– muestra que esos dos factores –los jueces y las cortes– tienen mucho peso en la posibilidad de enfrentar un proceso de deportación en libertad.

Para entender mejor el impacto de las fianzas en la vida de los inmigrantes hispanos y los esfuerzos que hacen las familias para pagarlas, Univision solicitó ayuda de sus lectores.

Es así como conocimos la historia de Ernesto Moreno, un joven hondureño hostigado en su país por miembros de la Fuerzas Armadas, quien vino a EEUU sin papeles y fue arrestado. Él obtuvo $3,000 para pagar su fianza gracias a contribuciones por Internet, recolectadas por la organización Casa Mariposa de Tucson, Arizona.

Esta es una selección de relatos derivada de 168 respuestas, contados vía telefónica por las propias personas que tuvieron que hacerle frente al pago:

Los datos que analizamos sugieren que la corte donde le dan audiencia al inmigrante tiene relación con que su fianza sea mayor o menor. La diferencia entre los montos promedio en distintas sedes es evidente.

Mientras, en promedio, las fianzas en el centro de detención de Chicago son de $5,376 dólares, en Los Ángeles 3 casi llegan a los $17,272, según el análisis de Univision.

Esto quiere decir que los inmigrantes que llegan a una corte en Los Ángeles probablemente tendrán que pagar una fianza tres veces mayor que en un juzgado de Chicago.

Además, están los jueces, otro factor importante que agrava la brecha en el monto de las fianzas que deben pagar los inmigrantes indocumentados.

Tomemos como ejemplo los 22 jueces que analizó Univision Data. De ellos, Carlos Cuevas, de Chicago, es quien aplica las fianzas más bajas, con un promedio de $4,800, mientras que Lorraine Muñoz, una jueza de Los Ángeles que se retiró el año pasado, encabezaba la lista, con fianzas promedio de $28,332, casi siete veces más que el monto de Cuevas.

¿Filosofía o prejuicio?

Una fianza le permite a un indocumentado detenido enfrentar su deportación fuera de una prisión, tras depositar una suma de dinero en las cuentas del gobierno. Ese dinero sirve como garantía de que el inmigrante no escapará de las autoridades, pues lo perderá si no se presenta a las audiencias.

Quien deposite el dinero de una fianza puede recuperarlo aproximadamente un año después de que la persona procesada sea deportada u obtenga un estatus legal en el país.

Para Emily Ryo, profesora de Sociología y Leyes en La Universidad del Sur de California (USC) y pionera en investigación sobre el sistema de fianzas para inmigrantes en EEUU, una diferencia tan grande en la suma que le cobran a los indocumentados para salir en libertad es “inquietante y desconcertante”.

“Esperaríamos algún nivel de uniformidad y consistencia entre jueces y cortes, si la premisa de que la asignación de casos entre jueces no está sesgada”, opinó la experta.

Por el contrario, Ashley Tabaddor, jueza de inmigración en Los Ángeles y presidenta de la Asociación Nacional de Jueces de Migración, considera que los resultados son normales y los atribuye a las diferencias ideológicas de los jueces y la discreción que les concede la ley.

“Los jueces llegan a cada caso con un conjunto de experiencias y una filosofía, ¿cierto? Ese es el factor humano. Vas a usar los hechos de una forma ligeramente diferente para llegar a una decisión”, reconoce la abogada.

El problema es cuando la filosofía se convierte en prejuicio y este determina el destino de miles de personas. De eso están conscientes las autoridades: en agosto de 2016, más de 250 jueces de inmigración fueron sometidos a una capacitación anti-prejuicio. Ese mismo año, el Departamento de Justicia anunció que entrenaría a más de 28,000 empleados para "promover la equidad y eliminar el sesgo" en sus trabajos.

En 2006, el entonces fiscal general Alberto Gonzales informó que sometería a los jueces de inmigración a exámenes de competencia y evaluaciones de desempeño, luego de que un reporte de TRAC reveló grandes disparidades en las tasas de aprobación de asilos, lo que sugería un fuerte sesgo en las decisiones judiciales.

Solo el año pasado, el Departamento de Justicia recibió 294 quejas contra jueces de inmigración. En cada uno de los últimos cinco años, cerca del 30% de los jueces ha recibido quejas. De ellas, cerca de la tercera parte eran reclamos por decisiones presuntamente sesgadas.

Pero la actual presidenta de la asociación de jueces no habla de prejuicios, sino de "diversidad". "La filosofía es lo que se desafía. Si alguien no es progresista, entonces tienes un desacuerdo con su filosofía. La respuesta a eso es que quieres tener diversidad en el tribunal. Es clave tener diversidad", explica.

La corte en la que Tabaddor trabaja –en Los Ángeles– es una de la que impone las fianzas más costosas y es la segunda con el mayor porcentaje de rechazo en la muestra que analizamos.

Tabaddor cree que imponer más parámetros a los jueces puede ser nocivo para los inmigrantes. Ella asegura que una ley dictada por el Congreso en 1995 –cuando se acusaba a ciertos jueces de ser muy indulgentes– redujo la posibilidad de imponer fianzas a inmigrantes con ciertas condenas criminales, porque que muchos se quedaron en prisión.

Esa medida fue declarada inconstitucional por varios juzgados y actualmente es objeto de análisis en la Corte Suprema. "Se debería tener cuidado con lo que se desea", dice Tabaddor. “La consistencia que ustedes buscan puede resultar en más inmigrantes en custodia por más tiempo, sin considerar las particularidades de cada caso”, dijo a un equipo de Univision Noticias.

Emily Ryo cree que la falta de retroalimentación que reciben los jueces sobre las decisiones que toman a diario es uno de los problemas.

“El gobierno tiene una falta de recolección de datos que podrían compartir con los jueces para que vean qué tan acertadas fueron sus decisiones”, agregó.

La jueza Tabaddor confirmó a Univision Noticias que los jueces no reciben información sobre el impacto de sus decisiones en las personas que pasan por sus cortes.

Impacto económico

Tanta discrecionalidad de los jueces al fijar una fianza despierta muchas inquietudes por el impacto que tiene un monto alto en la vida de los inmigrantes y sus familias. Estos testimonios narran parte de las peripecias de esas personas para salir adelante:

La población inmigrante es claramente más pobre que la gente que nació en Estados Unidos. Datos del Center for Immigration Studies muestran que cada persona de un hogar inmigrante tiene un ingreso anual promedio de $14,000, mientras que estadounidenses nacidos en EEUU reciben $20,000.

Así, una fianza de $12,000 como la que se le impuso a Fernando, el salvadoreño, implica un pago en efectivo casi igual a todo el dinero que inmigrantes como él generan en un año completo.

Pese al impacto que tienen las fianzas en la vida de los inmigrantes, la ley no obliga a los jueces a considerar el ingreso de estas personas. Sí deben evaluar, entre varios factores, si son peligrosas, si tienen antecedentes penales o su probabilidad de escapar.

Ignorar el ingreso de la gente al poner una fianza es un serio problema. Incluso un monto relativamente bajo puede dejar encerrado por muchísimo tiempo a un inmigrante.

A César Matías, un peluquero hondureño en Los Ángeles, le impusieron una fianza de $3,000 en el 2012. Esa cantidad es menor al promedio de $8,500 de la muestra que analizamos. Sin embargo Matías no logró recaudar el dinero y estuvo detenido por cuatro años, pese a no ser peligroso ni mostrar un riesgo de escaparse, según lo determinó el propio gobierno.

El año pasado, la organización American Civil Liberties Union (ACLU) presentó una demanda en nombre de Matías, alegando que en su caso se violó el debido proceso, pues nadie debe ser encarcelado por el simple hecho de ser pobre. ACLU solicitó que le exigieran a los jueces considerar la capacidad de pago de los inmigrantes.

“Para estas personas, que casi siempre son de bajo ingreso, poner una fianza alta es prácticamente obligarlos a pasar su proceso en la cárcel”, explicó Michael Kaufman, abogado de ACLU, una entidad dedicada a defender judicialmente a inmigrantes.

Esa demanda también incluyó a Xochitl Hernández, una ciudadana mexicana con hijos y nietos, a quien agentes de ICE arrestaron en Los Ángeles en febrero de 2016, acusándola de estar involucrada con pandillas. Un juez le impuso una fianza de $60,000, que no pudo pagar, por lo que estuvo más de seis meses en prisión hasta que otro juez le rebajó ese monto a $5,000.

El fallo por este caso, de noviembre de 2016, favoreció a los demandantes, obligando a los jueces de inmigración en California a valorar los ingresos de la gente en la ecuación para fijar una fianza. Pero ese es el único estado donde los juristas están obligados a hacerlo.

Las cortes donde se tramitan los casos también parecen jugar un rol importante en el porcentaje de solicitudes de fianzas que rechazan los jueces.

En la corte del centro de detención de Chicago, donde llegan algunos inmigrantes que han cometido crímenes, los jueces deniegan cuatro de cada 100 peticiones, mientras que en la corte de Broward, Florida, donde solo hay personas sin antecedentes criminales, rechazan casi la mitad. La diferencia es de 10 veces menos denegatorias en Chicago, pese a que las solicitudes de los inmigrantes con antecedentes penales tienen más posibilidades de ser rechazadas.

Posición contraria

La jueza Tabaddor cataloga de “incorrectas” las conclusiones que le presentamos. Lo mismo opina sobre algunos indicadores estadísticos de TRAC Immigration, la primera organización en señalar la arbitrariedad de las decisiones de los jueces de migración en cuanto al otorgamiento de asilos, otro fenómeno también denunciado por Univision Data.

Ella sostiene que las decisiones de los jueces no son comparables. Resalta que las diferencias en la distribución de casos entre jueces puede explicar los contrastes, así como variaciones en la jurisprudencia que se aplica en cada corte.

“Algunos lugares pueden tener personas con alto nivel delictivo mientras otros tienen la persona promedio. No creo que se pueda extrapolar lo que ustedes quieren extrapolar”, dijo la jueza.

Tabaddor también dijo que hay jueces que reciben más casos de inmigrantes que cometieron delitos que otros, lo que podría explicar la diferencias en sus decisiones. El historial delictivo es un factor que pueden usar para negar fianzas o imponer valores altos.

Para corroborar cuestionamientos como los de Tabaddor, la investigadora Emily Ryo estudió cómo se distribuyen los casos entre los distintos jueces de inmigración, con información que solicitó a la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración (EOIR)

Su conclusión contradice una de las objeciones de la jueza. "Nada indica en la respuesta de la EOIR que la asignación de expedientes depende de las características de los casos o de los individuos”, sostiene Ryo.

La discusión sigue abierta. Mientras tanto, el juez y la corte que la suerte depara a muchos inmigrantes puede dejar en bancarrota su sueño americano.