“México no tiene por qué deportarnos”: testimonios de las llamadas expulsiones exprés

Son las dos de la mañana en la frontera Corinto entre Honduras y Guatemala. Reina y su hijo de 4 años, quien duerme sobre un suéter en el suelo, esperan afuera de un negocio cerrado a que amanezca.

La familia de Reina forma parte de los centenares de migrantes hondureños que, a diario, en horas de la madrugada, son devueltos a Honduras como parte de las llamadas “deportaciones exprés en cadena”, un fenómeno que, según defensores de los derechos humanos, representa una “nueva e invisible crisis humanitaria”.

Este tipo de deportaciones vía terrestre, en las que trabajan coordinados los gobiernos de Estados Unidos, México y Guatemala, se realizan desde mediados de septiembre de 2021 a la fecha y violan los derechos humanos, de acuerdo con el Equipo de Reflexión Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús (ERIC).

Según lo documentado por ERIC y la Red Jesuita con Migrantes de Centroamérica y Norteamérica, y corroborado en campo por este reportero, entre las 10 de la noche y las 4 de la mañana llegan a Corinto de cuatro a siete autobuses con un promedio de 250 a 450 personas diarias, entre quienes se encuentran niñas, niños y mujeres, muchas de las cuales han formado parte de las caravanas.

Iolany Pérez, directora de comunicación en Radio Progreso, una radio comunitaria vinculada a la Red Jesuita —reconocida en Latinoamérica por su labor en la promoción de los derechos humanos— explica que las caravanas "responden a la realidad del país".

“El narcotráfico tiene control de esas comunidades”

“La de Honduras es una población que se le niega la posibilidad de tener un empleo digno, con ingresos adecuados para poder alimentar a la familia. Pero, sobre todo, tenemos el fenómeno de la inseguridad y violencia”, señala Pérez.

“Tenemos territorios totalmente controlados por maras y pandillas, donde el narcotráfico tiene control de esas comunidades e incluso de las decisiones institucionales. Eso está empujando a que mucha gente sea desplazada forzosamente de sus territorios”.

Estas personas fueron deportadas desde Estados Unidos hacia México, luego desde México hacia El Ceibo, Guatemala, y de aquí hacia la frontera Corinto, en Honduras.

Reina asegura que ella fue detenida por autoridades migratorias de EEUU y que en ese país, en el estado de Texas, ella y su hijo pasaron cuatro días “castigados, con mucho frío y pésima alimentación”, bajo una carpa a la que llaman “hielera”, como se le conoce a las celdas de detención temporal de la Patrulla Fronteriza.

Cabe señalar que las fronteras de Estados Unidos prmanecen cerradas por la pandemia del corinavirus. Además, está vigente el Título 42 del Código de Estados Unidos que permite la deportación inmediata de extranjeros por razones de salud pública, excepto Menores No Acompañados y ciertas unidades familiares que demuestran miedo creíble de presecución.

Conducidos con “mentiras” a un avión hacia Tabasco

Según Reina, después que la llevaron con “mentiras” a un avión que los trasladó al estado de Tabasco, en el sureste de México y el estado natal del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, las autoridades mexicanas tramitaron formalmente su deportación.

“[En México] nos tomaron fotos y ahí nos pusieron a firmar una hoja de deportación, y México no tiene por qué deportarnos a nosotros porque ellos no nos agarraron, teníamos que ser deportados por Estados Unidos, ahí teníamos que haber firmado”.

La investigadora del ERIC, Yolanda González, especialista en derechos humanos, advierte que “debido a las políticas de Estados Unidos, con una gravísima colaboración muy activa del Estado mexicano, están regresando a estas personas en la completa indefensión y corriendo alto riesgo, y sin ningún tipo de atención institucional por el Estado hondureño”.

De acuerdo con González, estas personas son llevadas en la madrugada a Corinto, “uno de los lugares más peligrosos del mundo”, sin haberse respetado sus derechos, “como el derecho a solicitar asilo, que es un derecho fundamental por encima incluso de la soberanía de cualquier Estado”.

Apenas el 1 de septiembre pasado, durante su tercer informe de gobierno, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que durante su gobierno (iniciado en el 2018) “no se han violado los derechos humanos de los migrantes”.

Al respecto, el Centro Prodh, una reconocida organización defensora de los derechos humanos en México, dijo en su cuenta de Twitter que “esta afirmación [del presidente mexicano] es falsa”.

Algunos migrantes deportados entrevistados en Corinto afirmaron haber sido maltratados tanto por l as autoridades migratorias de Estados Unidos como por las de México.

Un hombre deportado entrevistado en la garita, quien prefirió no dar su nombre, comentó molesto frente a la cámara que “la migra mexicana” (refiriéndose a las autoridades migratorias en Villahermosa, la capital de Tabasco, México) los mantuvo encerrados, sin tomar agua, se burlaron de ellos e incluso los tocaron, a él y a las mujeres del grupo, en sus partes privadas.

“México está haciendo cosas muy graves”, apunta González: “Está siendo cómplice de estas devoluciones colectivas que realiza Estados Unidos con la excusa de la pandemia, donde aplican el Título 42, una ley de salud pública en los Estados Unidos” para combatir la pandemia.

Las cifras del Título 42

De acuerdo con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza ‒CBP, por sus siglas en inglés‒, entre octubre de 2020 y septiembre de este año, EEUU. arrestó a 1,734,686 indocumentados que cruzaron la frontera con México.

La cifra al cierre fiscal del año 2021 supera al récord alcanzado en el año 2000, cuando fueron detenidas 1.67 millones de personas indocumentadas en la misma frontera.

El año fiscal 2020 cerró con 458, 088 detenciones, mientras que en 2019 los arrestos se situaron en 977,509.

De acuerdo con un comunicado de la CBP, en septiembre de este año, 192, 001 personas fueron detenidas, lo que sugiere 9,0% menos que en agosto, cuando los arrestos sumaron 209,840 casos.

«Los encuentros de CBP a lo largo de la frontera suroeste disminuyeron en septiembre ‒respecto‒ del mes anterior, y la mayoría de los no ciudadanos encontrados fueron expulsados bajo el Título 42», señaló el comisionado interino de la CBP, Troy Miller.

El Título 42 es una medida que promulgó el ex presidente Donald Trump y que ha continuado bajo la administración del actual mandatario, Joseph Biden, la cual ampara las expulsiones expeditas de migrantes indocumentados encontrados en la frontera bajo el argumento de evitar la propagación de la COVID-19.

Así, el informe detalla que más del 53% ‒ 102,673‒ de los detenidos fueron procesados para su expulsión bajo el Título 42; de ellos, el 75% fue para adultos solteros ‒84,911‒, mientras que 27% se trató de una unidad familiar ‒denominación bajo la cual autoridades estadounidenses llaman a los grupos familiares compuestos por al menos un adulto y un menor‒.

La "represión" en tras las expulsiones exprés

A la pregunta sobre qué opinaba sobre la afirmación del presidente mexicano López Obrador sobre que su gobierno no violaba los derechos de los migrantes, González movió la cabeza en señal de negación y respondió: “Las organizaciones de México han documentado y denunciado, hasta la saciedad, graves violaciones a derechos humanos, la represión, la militarización, la violación al principio fundamental de no devolución de una persona si la estás devolviendo a un sitio en donde su vida corre peligro, con oídos sordos por parte del Estado mexicano”.

Una madre joven, con un niño de cuatro meses en brazos y una niña de seis años, descendió a las 3:15 de la madrugada del autobús blanco que la transportó hasta Corinto junto con otras personas deportadas.

“Supuestamente nos dejarían en San Pedro [la ciudad más cercana], pero ya después nos dijeron que nos dejarían aquí. Está mal porque andamos con niños y corremos peligro. Muchos no andamos con dinero y tuvimos que llamar a nuestros familiares para que vinieran por nosotros”.

Ante esta situación, González informa que la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) ha abierto una audiencia de oficio, que tendrá lugar a finales de octubre de 2021, para preguntarle a las organizaciones de la sociedad civil sobre estas presuntas violaciones a los derechos humanos cometidas por Estados Unidos, México, Guatemala y Honduras.

A las 3:45 de la mañana se anuncia en Corinto que saldrá un camión, patrocinado por una organización humanitaria que no se identificó, con transporte gratuito hasta San Pedro. Reina y otras madres, así como algunos padres solos con hijos, abordan con alivio en el rostro la unidad color amarillo.

Minutos más tarde, las organizaciones humanitarias y defensoras de los derechos humanos que brindan atención a los migrantes deportados en Corinto, entre quienes se encuentran Médicos Sin Fronteras, la Cruz Roja Honduras, ACNUR (la agencia de la ONU para los refugiados) y la Red Jesuita, son notificadas de que ya no llegará otro autobús.

Así concluyó el arduo trabajo de esta madrugada. Mañana todo se repetirá.

Este reportaje se realizó con el apoyo de la organización internacional de derechos humanos Global Exchange.