Una semana después que un juez federal ordenara al gobierno detener la deportación de niños que llegan a Estados Unidos buscando asilo, el gobierno de Donald Trump apeló el fallo.
El gobierno de Trump apela orden judicial que prohíbe deportar niños migrantes
Una semana después de que un juez federal ordenara al gobierno deportar Menores No Acompañados (UAC) con el pretexto de la pandemia, el Departamento de Justicia apeló el dictamen y pidió la reactivación inmediata de la medida que ha permitido deportar a unos 13,000.
Por:Jorge Cancino
Video Juez federal ordena al gobierno de Trump frenar la deportación de niños inmigrantes que ingresen solos al país
El Ejecutivo alega que la medida, implementada luego de activar el Título 42 del Código de Estados Unidos, tiene como objetivo ayudar a detener la propagación de la pandemia del covid-19, pero los detractores de la norma, entre ellos la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), señala que el gobierno utiliza la emergencia sanitaria para propagar su política migratoria de ‘tolerancia cero’ y dañar el debido proceso de los inmigrantes.
El miércoles de la semana el juez federal Emmet Sullivan, quien preside la corte del Distrito de Columbia (DC), ordenó al gobierno que ponga fin a la deportación de inmigrantes menores detenidos en la frontera.
Desde que la medida fue activada, en abril, la Oficina de Aduanas y Control Fronterizo (CBP) ha expulsado a miles de inmigrantes, la mayoría de ellos llegados en busca de asilo tras huir de sus países de origen.
Sullivan dictó un recurso preliminar a favor de grupos que demandaron al gobierno en nombre de niños a los que el gobierno buscó deportar antes de que pudieran solicitar asilo u otras protecciones vigentes bajo la ley federal.
Se estima que el DHS ha deportado miles de Menores No Acompañados (UAC) desde marzo, de acuerdo con documentos judiciales.
El Departamento de Justicia (DOJ) apeló la sentencia el miércoles, vísperas de la celebración del Día de Acción de Gracias ante la Corte de Apelaciones para el Circuito del Distrito de Columbia. En el escrito solicitó al juez Sullivan que suspenda su orden.
Notas Relacionadas
Miles de deportados
De acuerdo con datos de la CBP, desde marzo, cuando el gobierno decretó la pandemia y cerró las fronteras para contener el virus, el gobierno ha deportado a unos 200,000 migrantes adultos y menores.
La principal causa de deportación utilizada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para deportar a extranjeros es el uso del Título 42 del Código de Estados Unidos y no el Título 8 de la Ley de Inmigración (INA).
La activación del Título 42 en abril ha permitido a la Patrulla Fronteriza detener y deportar inmediatamente a inmigrantes detenidos en la frontera, incluyendo niños. “No los expulsan por una falta a la ley de inmigración bajo el Título 8, como permanecer de manera indocumentada, sino que los deportan porque para el gobierno esas personas constituyen una amenaza a la salud pública de los estadounidenses”, explica José Guerrero, un abogado de inmigración que ejerce en Miami (Florida).
La orden emitida por el juez Sullivan solo protege a Menores No Acompañados (UAC) que cruzaron la frontera sin un padre o familiar. Adultos o mayores de erar no están protegidos por la orden.
La ACLU, uno de los demandantes de la política, dijo la semana pasada que la activación del Título 42 “ya resultó en la expulsión sumaria de al menos 13,000 niños no acompañados sin ningún proceso debido, incluso si el niño estaba huyendo del peligro y buscando protección en Estados Unidos y no mostraba signos de tener COVID-19”.
El grupo de derechos civiles encabezó la demanda junto el Proyecto de Derechos Civiles de Texas, el Center for Gender & Refugee Studies (CGRS) y Oxfam.
Notas Relacionadas
Daños severos
La demanda contra la política de deportación de menores argumentó que el gobierno no estaba autorizado para emitir la orden de expulsión según las disposiciones de salud pública del Título 42 del Código de los Estados Unidos, “disposiciones que rara vez se han utilizado y nunca de esta manera”.
El Título 42 no permite la expulsión de no ciudadanos que se encuentran en Estados Unidos, ni permite legalmente la remoción de niños, indicó la ACLU en el escrito presentado ante la corte de Sullivan.
"Estamos encantados de que el tribunal haya impuesto esta política cruel, que ha puesto en peligro a miles de niños refugiados vulnerables", dijo Jamie Crook, director de litigios de la CGRS. "El fallo de afirma que el gobierno de Trump no puede usar la pandemia como pretexto para incumplir sus obligaciones legales con los niños que huyen de la persecución".
A su vez, Noah Gottschalk, líder de políticas globales de Oxfam América, dijo la semana pasada que "esta es una gran victoria, ante todo para los miles de niños y sus familias que ahora tendrán la oportunidad de encontrar un refugio seguro”.
“Durante los últimos cuatro años la administración Trump ha dado vergonzosamente la espalda al largo legado de nuestro país como refugio para las personas que huyen de la persecución”, agregó.
Durante el proceso los demandantes han citado que, con la medida dictada en abril, el gobierno violó la Ley de Prevención de Tráfico Humano de 2008 (TVPRA), la Ley de Reautorización de Protección de Víctimas de Trata, la Ley de Procedimiento Administrativo (APA), la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) y la Convención contra la Tortura.
La TVPRA prohíbe la deportación inmediata de menores y exige que sea un juez de inmigración quien decida sus futuros en Estados Unidos.
Los demandantes también señalan incumplimiento por parte del gobierno del Acuerdo judicial Flores de 1997, que no solo garantiza que los UAC tengan una audiencia ante un juez de inmigración para defender sus derechos de permanencia, sino que exige al gobierno que les brinde un trato humano y justo, y respete el debido proceso migratorio.
Notas Relacionadas
La promesa de Biden
Entre sus promesas electorales, el presidente electo Joe Biden dijo que, desde el primer día en la Casa Blanca trabajará junto con el Congreso para deshacer lo hecho por el gobierno de Trump en la frontera y restablecer el orden establecido por el Congreso a través de leyes.
Biden prometió enviar al Senado, en los primeros 100 días de su mandato, un plan de reforma migratoria, pero que simultáneamente y en caso de no ser aprobado, actuará por medio de órdenes ejecutivas.
El presidente electo ha señalado además que, recuperará la política basada en la Ley de Refugiados aprobada por el Congreso en 1980 y trabajará junto con organizaciones de ayuda y defensa de los derechos de los inmigrantes para establecer el orden en la frontera.
Su programa también incluye abordar las causas profundas de la migración irregular, ayudar a los gobiernos que generan migración e invertir para que desaparezcan esas causas.
Biden también ha prometido más recursos para la frontera y modernizar el sistema.
La apelación del DOJ se registró el mismo día que el diario The Washington Post anunció el cierre de las “jaulas”, recintos de la CBP que mostraron desde el 2014 el drama de los migrantes en la frontera con México.
