Corte Suprema revisa posible impugnación de deportaciones si la notificación de la corte carece de información clave

La Corte Suprema de Justicia ha vuelto a celebrar una audiencia para revisar una pregunta sobre las Notificaciones de Comparecencia (NTA), documento clave que reciben los inmigrantes procesados para presentarse ante un juez de inmigración y defender sus derechos de permanencia en Estados Unidos.

En abril de 2021, el máximo tribunal de justicia falló que las NTA, también conocidas como avisos o citatorios incompletos o con información errónea, no eran válidas, decisión que favoreció a cientos, quizás miles de inmigrantes con o sin papeles que tenían procesos pendientes en los tribunales de inmigración.

Tres años después la pregunta ahora se relaciona con si se debe considerar adecuado que el gobierno deba dar a las personas que enfrentan procesos de deportación el derecho a impugnar si la NTA inicial para asistir ante un juez de inmigración no incluía hora ni fecha de audiencia.

Los magistrados celebraron el lunes una audiencia que duró casi dos horas y los alegatos se centraron en cómo interpretar la ley federal de inmigración (INA).

Pero la discusión más amplia no se basó en el reglamento, sino en la crisis que golpea el sistema migratorio, con una Corte de Inmigración (EOIR) que tiene más de 3.2 millones de casos acumulados y, en caso de permitir las apelaciones de quienes recibieron NTA fallidas, si el sistema está preparado para responder al reto.

Los temores del gobierno

Durante la audiencia del lunes, Charles L. McCloud, abogado del gobierno, precisó que una decisión a favor de los inmigrantes indocumentados “amenaza con perturbar cientos de miles” de órdenes de deportación que los tribunales han emitido durante “casi tres décadas”, reportó el diario The New York Times.

McCloud también advirtió que “una avalancha” de casos “podría inyectarse nuevamente en el sistema de inmigración”, por ahora saturada de expedientes con más de 3 millones y unos 680 jueces.

Dos millones de esos casos se han sumado desde que el presidente Joe Biden llegó a la Casa Blanca el 2 de enero de 2021. En diciembre de 2016, poco antes que Barack Obama dejara el poder, la EOIR tenía unos 520,000 casos acunulados.

Por su parte, el periódico dijo que Easha Anand, la abogada que representa a los inmigrantes en los dos casos consolidados que llegaron a la Corte Suprema, argumentó que el gobierno estaba “incumpliendo el texto simple” de la ley federal de inmigración al no proporcionar a las personas NTA citando la fecha y hora de sus audiencias.

La abogada restó importancia a las preocupaciones del gobierno en cuanto a un probable colapso de la EOIR y dijo que era poco probable que los indocumentados afectados por NTA defectuosas presionaran por reabrir sus casos debido a que en el mejor de los casos solo obtendrían una nueva audiencia.

El atasco en la Corte de Inmigración

Poco antes de Navidad, Univision Noticias reportó que el número de casos pendientes en la EOIR había sobrepasado la barrera de los 3 millones, registrando un récord histórico que pone en evidencia el colapso del sistema migratorio.

Los últimos datos recopilados por el Centro de Información y Acceso de Registros Transaccionales (TRAC) de la Universidad de Syracuse revelaron que al 30 de noviembre el número de casos pendientes de resolución era de 3,075,248. “Hace apenas 12 meses, durante noviembre de 2022, el atraso era de 2 millones”, precisó el informe. “Eso significa que la acumulación de casos ha aumentado en un millón en sólo los últimos 12 meses”.

Mientras el gobierno advierte que un fallo favorable a los inmigrantes, los defensores de los derechos de los extranjeros afectados por NTA fallidas insisten en que los jueces deben pronunciarse de acuerdo con lo que dice la ley federal de inmigración.

Esta señala que los funcionarios del gobierno deben avisar a las personas para que se presenten a una audiencia de deportación, incluyendo dónde y cuándo se llevará a cabo la audiencia, como parte de la garantía constitucional del debido proceso.

Los casos que abrieron el debate

Los dos casos que llegaron a manos de la Corte Suprema para revisión se conocen como Campos-Chaves v. Garland y Garland v. Singh y Méndez-Colin.

El expediente de Moris Esmelis Campos-Chaves señala que el inmigrante, de origen salvadoreño, ingresó ilegalmente a Estados Unidos el 24 de enero de 2005 y recibió una NTA el 10 de febrero de ese año. Fue puesto en proceso de deportación bajo el Título 8 del Código de Estados Unidos (USC) Sección 1182(a)(6)(A)(i) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA); explica el sitio Oyez.

Campos-Chavez no se presentó a su audiencia. La inasistencia motivó que el juez a cargo del caso emitiera una orden de deportación en ausencia.

Años más tarde, el 18 de septiembre de 2018, se lee en el expediente, Campos-Chaves solicitó reabrir su caso argumentando que la NTA que había recibido inicialmente en 2005 era defectuosa.

El juez de inmigración concluyó que la NTA no era defectuosa y Campos-Chaves en realidad había recibido, tanto la NTA como la Notificación de Audiencia. De esa manera, el juez de inmigración negó su petición de revisión y también rechazó todas las mociones pendientes. A su vez, la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA) emitió una orden final de deportación y el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito de Estados Unidos denegó su petición de nueva audiencia.

La pregunta dirigida a la corte Suprema en este caso es si es válido cuando el gobierno proporciona avisos adecuados cuando entrega una NTA que no incluye la “hora y lugar” del procedimiento seguido de un documento adicional que contiene esa información.

En la demanda Garland v. Singh y Méndez-Colin, por su parte, documentos judiciales muestran que los demandados, Singh y Méndez-Colín, cada uno recibió una NTA que no cumplieron. Pero ellos alegan que no fueron notificados correctamente para asistir a sus respectivas audiencias.

Al no presentarse a sus juicios, ambos inmigrantes, como en el caso de Campos-Chávez, recibieron una orden de deportación en ausencia que apelaron y perdieron sus casos en tribunales inferiores.

Se espera una decisión de la Corte Suprema sobre este caso en primavera.