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Cámara de Representantes celebra audiencia sobre separaciones forzadas en la frontera

El gobierno de Trump reconoció la semana pasada que ha seguido separando familias en la frontera con México, a pesar de una orden emitida por un juez federal el 26 de junio del año pasado que prohibió esta práctica de la política de tolerancia cero.
24 Feb 2019 – 01:05 PM EST

El comité Judicial de la Cámara de Representantes celebrará este martes una audiencia para determinar por qué el gobierno de Donald Trump continuó separando forzosamente menores migrantes en la frontera después del 26 de junio del año pasado, cuando una corte federal de San Diego, California, ordenó que no siguiera llevando a cabo esta práctica y exigió reunificar a las 2,654 familias afectadas.

La semana pasada, en un documento entregado a la corte federal de distrito de San Diego por abogados del ejecutivo, el gobierno reconoció haber separado a por lo menos 249 menores en la frontera con México desde finales de junio, cuando el juez federal Dana Sabraw dictaminó que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) debía poner fin a esta práctica que grupos proinmigrantes y de derechos humanos califican de “horrible".

“Acogemos con satisfacción los esfuerzos continuos de supervisión del Congreso, incluidos aquellos para investigar públicamente y establecer un registro exhaustivo de las separaciones familiares de las autoridades estadounidenses en 2017 y 2018”, dijo Amnistía Internacional (AI) en un comunicado.

El grupo agregó que “esperamos que el Congreso siga estos esfuerzos con medidas concretas para aprobar leyes que prohíban la separación y la detención indefinida de niños y familias".


La tolerancia cero

Las separaciones fueron implementadas entre el 5 de mayo y el 26 de junio de 2017, cuando el juez Sabraw emitió la orden. El procedimiento fue llevado a cabo en el marco de la política de tolerancia cero de Trump, cuyo objetivo es poner fin a la inmigración indocumentada, una de sus principales promesas de campaña.

Los opositores a la medida denuncian que la implementación de esta política viola leyes y acuerdos internacionales, entre ellas la ley de asilo, la ley de prevención de tráfico humano de 2008 (TVPRA) y el acuerdo judicial Flores de 1997, entre otros.

A comienzos de febrero un grupo de padres afectados por las separaciones junto con la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), demandaron al gobierno poner fin a las separaciones y exigieron un informe detallado del número de las separaciones llevadas a cabo en la frontera, por qué los separaron y estado actual de las familias separadas.

El miércoles de la semana pasada los abogados del gobierno entregaron el escrito a la corte donde reconocen que 249 menores habían sido separados después de la orden del tribiunal.


Razones del gobierno

De acuerdo con el informe entregado por el gobierno el miércoles, entre el 27 de junio del año pasado y el 5 de febrero de este año, la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR), dependiente del Departamento de Salud y Recursos Humanos (HHS), recibió a 249 menores que fueron alejados de sus familiares en la fromteras. De ellos, 62 ya habían sido reunificados.

En 225 casos, agrega el reporte, las separaciones ocurrieron porque el padre contaba con antecedentes criminales (entre ellos asociación a pandillas). En otros 17 casos se debió por problemas de salud de los progenitores y en tres casos existió dudas sobre el parentesco.

El DHS también dijo que las separaciones se llevan a cabo en casos en que exista un riesgo para el menor.

Denuncia de ACLU

La ACLU ha dicho en una de sus cuentas de la red social Twitter que a pesar de la orden emitida por el juez federal Sabraw en junio, las separaciones forzadas de familias migrantes en la frontera continúan.



En enero, un informe entregado por el Inspector General del HHS reveló que, incluso antes del anuncio formal de la política de tolerancia cero de Trump en la frontera, el personal y los funcionarios de la ORR observaron un gran aumento en el número de niños que habían sido separados de un padre o tutor por el DHS y luego trasladados a la ORR.

“Los funcionarios estimaron que ORR recibió y liberó miles de niños separados antes del 26 de junio de 2018”, de acuerdo con la orden de Sabraw que exigió a la ORR identificar y reunificar a los ciertos de niños separados a su cuidado a partir de esa fecha”.

El informe advierte que puede haber otros miles de familias separadas, y que los datos no fueron procesados o ingresados como corresponde en la base de datos del DHS.

El gobierno “no cuestionó el informe reciente de que pudo haber separado a miles de niños más” después de la orden de la corte, escribió en la red social Twitter Lee Galernt, subdirector del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de ACLU.


La ACLU sostiene que el plan de separaciones de migrantes que el gobierno de Trump implementó en la frontera tiene como objetivo “alejar a los niños de sus padres para desalentar la inmigración”. Y agregó que “separar a las familias es más que cruel e innecesario, es tortura”.

Bajo la lupa

El viernes, durante una audiencia en la corte de San Diego en la que abogados del gobierno y de los demandantes presentaron nuevos argumentos, el juez Sabraw anunció que evaluará si emite una nueva orden para que el gobierno ubique a las familias migrantes que fueron separadas forzosamente en la frontera sur del país antes de la implementación de la política de tolerancia cero, el 5 de mayo del año pasado.

Las preocupaciones del juez Sabraw se basan en el informe del Inspector General del HHS publicado en enero, donde se puso en duda no solo el número total de familias afectadas por las separaciones, sino las explicaciones que el gobierno de Trump le ha proporcionado al tribunal.

Gelernt dijo en la corte el viernes que se vieron "sorprendidos" por el descubrimiento del Inspector.

Sabraw también dijo que el público tiene derecho a conocer qué hizo el gobierno y el alcance de sus acciones con la implementación de la política migratoria de tolerancia cero.

En noviembre del año pasado, cinco meses después de la orden de Sabraw, la Oficina de Inmigración y Aduanas (CBP) dijo a Univision Noticias que “la separación de adultos y niños puede ocurrir para garantizar la seguridad del menor cuando los siguientes factores están presentes:


  • El padre o tutor presenta un peligro para el niño;
  • El padre tiene antecedentes penales;
  • El padre tiene una orden penal pendiente;
  • El padre tiene una enfermedad contagiosa;
  • Reclamo fraudulento de tutela; y,
  • Contrabando de narcóticos en el momento de la entrada, u otra actividad criminal relacionada con la entrada que resulte en que el adulto sea acusado penalmente.

La ACLU dijo que, si el gobierno sigue separando familias secretamente en la frontera, sería inconstitucional y que regresarían a las cortes.

La política migratoria de 'tolerancia cero' de Trump en 15 fotos

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